Un principio con riesgos jurídicos

La cláusula penalizadora directa que quieren incluir los sindicatos, para vigilar junto con la Administración el cumplimiento de los acuerdos por parte de las empresas, tiene «riesgos jurídicos y establece una presunción de ilegalidad permanente» que no es necesaria con la legislación actual, según el Fernández Segura, que advierte también que la Administración no se convertirá en un interventor permanente ni permitirá la intromisión de los sindicatos en el funcionamiento de las empresas.