ICV propone que la financiación ilegal se castigue con la cárcel

Para ICV, responde a «una exigencia social» que el castigo -administrativo o penal- que se aplique a los partidos que incumplen la Ley de Financiación sea «contundente» y «disuasorio», manifestando así sus diferencias con la propuesta «light» que defienden ERC. Por ello, entre las propuestas que los ecosocialistas presentaron ayer para la reforma de dicha Ley se reclama una modificación del Código penal para que la financiación ilegal sea tipificada como delito y se castigue con penas de cárcel e inhabilitación. También reclaman sanciones administrativas importantes, como la retirada de las subvenciones otorgadas por el Estado en razón de la representación electoral que logra cada formación si éstas no cumplen los requisitos de transparencia ante el Tribunal de Cuentas. Según el portavoz de ICV, Joan Herrera, la polémica en torno a la condonación de la deuda del PSC y las acusaciones de corrupción que se han lanzado en el Congreso merece una «ley exigente», para cuya aprobación en la Cámara Baja espera que se sumen tanto PSC como ERC. Así, a modo de sanción administrativa, plantea que se ponga límite a los gastos electorales mediante una comisión mixta con representantes del Estado, las comunidades autónomas y formaciones políticas. En el caso de superarse el límite sería descontado de la correspondiente aportación estatal.