La prensa rechaza el control de la veracidad informativa

El anuncio de que el Gobierno del presidente español José Luis Rodríguez Zapatero tiene preparado un anteproyecto para la creación de un Consejo Audiovisual Estatal, entre cuyas funciones está controlar la «veracidad» de las informaciones, ha suscitado un amplio rechazo del conjunto de la profesión periodística. Las críticas tienen matices. Así, Luis María Ansón, en un artículo publicado en el diario La Razón , ha acusado al presidente Zapatero de regresar a la censura franquista. Sin embargo, Antonio Franco, director de El periódico de Cataluña, se muestra partidario de la creación del consejo, aunque no de que actúe como «policía» de los contenidos, mientras que el responsable del diario ABC considera que el poder ejecutivo no tiene el derecho de poder atribuirse esas competencias, algo que considera, bajo su punto de vista «inconstitucional». Varias voces se levantan para opinar sobre un mismo tema. Director de «El Periódico» «Estoy a favor de la creación del organismo para que lleve a cabo la función genérica de supervisión y control respecto a las frecuencias, al cumplimiento de las condiciones técnicas o las cuotas de programación lingüísticas. Es mejor que estas tareas no dependan directamente de los gobiernos. Sin embargo, creo que no es prudente ni idóneo que tenga competencias como si fuera un «policía» de los contenidos. Hay un problema que es la inhibición total de los tribunales ante comportamientos como el de la Cope con el presidente de Bolivia, Evo Morales. Si la justicia funcionara bien en estos temas no tendría sentido otorgarle competencias a un organismo como el Consejo Audiovisual. Pero como no es así, sería razonable darle algunas. Director de «ABC» «Estamos dando un paso atrás en la medida en que se podrá establecer un sistema de sanciones atendiendo a los contenidos, que podrá llegar a la retirada de la licencia, a opacar la imagen de una televisión o a suspender un programa. El poder ejecutivo no tiene derecho a hacer esto y es abiertamente inconstitucional, pues se está apoderando de unas competencias que no le corresponden en modo alguno. Las infracciones al derecho de libertad de expresión sólo las juzgan los tribunales de justicia. Las personas que se sientan difamadas, insultadas o calumniadas deben acudir a ellos. Pero eso no le corresponde estimarlo a un órgano administrativo. De aprobarse el proyecto, sería una regresión gravísima en el ejercicio de la libertad de expresión en España. Desearía que el Gobierno diera marcha atrás». Director adjunto de «El País» «No parece que el mejor camino para ponerse a discutir sobre la veracidad o no de las informaciones, defender la libertad de expresión o proteger a los ciudadanos de la calumnia y de los insultos sea crear un organismo emanado de un órgano político, como es el Parlamento, entre cuyas potestades está cerrar el medio». «No me parece que se defienda la libertad de expresión coartándola, creando órganos con capacidad para acallar a los periodistas. Si hay periodistas que mienten, que cometen abusos, que se dedican a insultar y a promover el odio, como en este momento está pasando en España, para eso están los tribunales de justicia». Opinión editorial «El diario catalán remite a un editorial sobre el Estatuto Profesional que considera aplicable al Consejo Audiovisual Estatal. Las dos principales ideas que pueden extraer del mismo son las siguientes: 1) «La mejor norma para controlar el ejercicio periodístico es la que no existe». 2) «La autorregulación no es fácil. Eso es cierto. Pero la intervención del poder político aún haría la tarea más difícil. El comportamiento ético no se puede imponer por ley». Miembro de la Real Academia Española y ex presidente del diario «La Razón» «Y ahora viene Montilla, y por tanto Rodríguez Zapatero, y quiere, con el mismo espíritu totalitario, imponer, a imitación del Consejo Audiovisual de Cataluña, un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que, junto al Estatuto del Periodista pretendido por los comunistas, nos devolverá, a escala nacional también, a la censura franquista. Lo que ocurre es que nos vamos a defender. Periodistas de todas las tendencias, como en los tiempos de la dictadura del general Franco, aunaremos nuestros esfuerzos y voluntades para denunciar los intentos gubernamentales de fragilizar la libertad de expresión».