El PP expulsa a su portavoz en Lloret porpedir la dimisión de Acebes y Zaplana El PSOE margina a ERC de la negociación final del Estatut Detenidas 25 personas por estafar ocho millones en fondos de la UE

La dirección del PP catalán decidió ayer expulsar «por la vía rápida» a su portavoz y tercer teniente de alcalde en el ayuntamiento gerundense de Lloret de Mar, Joaquim Teixidor, por pedir la dimisión de Ángel Acebes y Eduardo Zaplana y criticar la recogida de firmas contra el Estatuto. Teixidor, que pertenece al sector más catalanista del PP, señaló al secretario general del partido y al portavoz parlamentario como «responsables en su momento» de la pérdida de las elecciones de 2004 y comentó que tras esa derrota «lo que tendrían que hacer es, igual que han hecho otros miembros del PP, apartarse de la vida política actual y dejar que nuevas generaciones conduzcan este partido hacia otro gobierno en el Estado español». «Hemos de asumir que perdimos las elecciones -apostilló-. Y mucha culpa es de estas personas, que hoy tanto y tanto daño nos hacen, y lo que tendrían que hacer es dimitir». En declaraciones a Catalunya Ràdio, Teixidor, que ejerce su cargo en un ayuntamiento gobernado en coalición por CiU y el PP, criticó también la recogida de firmas en contra del estatuto puesta en marcha por el Comité Ejecutivo nacional del partido y consideró que Mariano Rajoy hizo el «ridículo» el pasado martes al sumarse a esta campaña durante unos minutos en el centro de Barcelona. «Los referéndum se hacen cuando hay elecciones. Éste es el examen que hemos de pasar los políticos y hemos de respetar la voluntad popular», dijo. «Autoexcluido» La dirección del PP dará de baja inmediatamente a Teixidor como militante del partido. En la sede central de los populares catalanes recordaron que el teniente de alcalde se ha «autoexcluido» de la formación con sus declaraciones al incumplir el artículo 9 de los estatutos, que estipula la pérdida de la condición de afiliado a todo miembro de la organización que exprese una opinión pública «de discrepancia grave con la ideología, principios o fines del partido». La presidenta del PP de Girona, Concepció Veray, calificó de «desafortunadas» las declaraciones de Teixidor, y aseguró que «este señor está en contacto, desde hace unos días, con CiU para negociar su entrada en las listas municipales de 2007», a través de UDC, el partido de Josep Antoni Duran i Lleida. Por su parte, el portavoz del Partido Popular catalán en el Parlamento autonómico, Francesc Vendrell, tildó ayer de «desafortunadas» las declaraciones de Mariano Rajoy el pasado martes en Barcelona, en las que afirmó que «se esta haciendo con el castellano» en Cataluña «lo que en época de Franco se hizo con el catalán». Vendrell, ponente del estatut en el Parlamento catalán, se unió hace un mes a la crítica que Josep Piqué hizo de las posiciones contra el estatuto de Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, que estuvo apunto de abrir una crisis en el PP. El PSOE ya no cuenta con Esquerra Republicana de Catalunya en la reforma del Estatuto catalán. Tanto es así que ha decidido marginarle de los encuentros que celebra con las demás formaciones catalanas para preparar los trabajos de la ponencia. El secretario del grupo parlamentario socialista, Diego López Garrido, aseguró ayer que su formación no renuncia a lograr un acuerdo con los independentistas. Sin embargo, hasta ahora, se ha limitado a pactar con Convergencia i Unió e Iniciativa per Catalunya el contenido de los artículos que, cada dos días, abordan en el Congreso la delegación designada por el Parlamento autonómico y la nombrada por la comisión constitucional. Los socialistas se escudan en que lo «lógico» es mantener un contacto más intenso con aquellas formaciones que dan un «apoyo sistemático» al Estatuto. Los republicanos ven con malos ojos el acuerdo al que llegaron en La Moncloa José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas y, desde que comenzó a reunirse la ponencia, han votado en contra de varias enmiendas socialistas al texto de la cámara autonómica. Los convergentes, en cambio, solo han discrepado con el PSOE en un artículo, el que se refiere a la bandera, la fiesta y el himno como símbolos «nacionales» de Cataluña. Producto de largas jornadas López Garrido defendió que «lo importante son los acuerdos en la ponencia»; aseguró que mucho de lo pactado es producto de las largas jornadas de negociación del pasado mes de enero, en las que también estuvieron los republicanos, y alegó que nadie en ERC ha protestado por las reuniones con nacionalistas y ecosocialistas. En público, es cierto que Esquerra no se queja. Simplemente, achaca su exclusión a la presión de CiU. Sin embargo, en privado admiten que la situación les perjudica. Las «reuniones preparatorias» de la ponencia (como les llaman los socialistas) sirven para cerrar por escrito aquellas cuestiones que, aunque habladas, estaban cogidas con alfileres. Los negociadores del PSOE entregan a sus interlocutores un texto y dan a CiU e ICV la posibilidad de plantear correcciones. «Nosotros -dicen los republicanos- no podemos ver si ese texto se adecua a lo que acordamos en los encuentros multilaterales hasta el último momento y eso nos da poco tiempo para reaccionar». El presidente de la formación, Josep Lluís Carod Rovira, no se refirió de manera específica a esta reuniones; pero sí al hecho de que CiU y PSOE vayan ahora de la mano. Así, acusó a los nacionalistas de querer dinamitar el tripartido que gobierna la Generalitat y habló de una «pinza» entre ambos partidos para «degradar» la figura de Pasqual Maragall. En su mente, estaban las declaraciones del ministro de Defensa, José Bono, sobre la necesidad de que el líder de los socialistas catalanes deje de «crear problemas». Pero también, el «silencio cómplice» del propio jefe del Ejecutivo ante las palabras del «jefe de pelotón chusquero». Los independentistas aseguran que el PSC permanece callado ante este envite porque desea que el Estatuto se tramite en un clima tranquilo y advierten de que, cuando la tramitación acabe, harán valer su voz. Artur Mas replicó -antes de entrar en la reunión de la ponencia- que lo único que dificulta la continuidad del tripartito catalán es la oposición de ERC al principal proyecto. La Guardia Civil ha detenido a 25 personas en Andalucía, Murcia y Madrid que participaron en una trama para defraudar fondos procedentes de la Unión Europea a través de cursos de formación que en ocasiones ni se realizaban. La red pudo haber defraudado cerca de ocho millones de euros en los últimos seis años. Entre los detenidos, a los que se imputan delitos de estafa, fraude y falsedad documental, se encuentran los propietarios de varios centros de formación, profesores y dos miembros de CCOO que trabajaban en la sección de banca en Sevilla y Madrid. El resultado de la operación Escuela fue dada a conocer ayerpor el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Sebastián Saucedo, y el coronel jefe de la Comandancia provincial, Antonio Dichas, que explicó que la investigación comenzó en junio de 2005 al detectarse «numerosas irregularidades» en las empresas CES S.L. y Acfor 2000, dedicadas a impartir cursos de formación con subvenciones europeas. Varias delegaciones Ambos centros estaban ubicados en Chiclana de la Frontera (Cádiz), aunque tenían delegaciones y colaboradores en Sevilla, Murcia y Madrid y se especializaban en los cursos de formación gestionados por la Comisión Tripartita (el antiguo Forcem) formada por empresas, sindicatos e Instituto Nacional de Empleo (Inem) Los agentes detectaron irregularidades en la documentación de la empresa en el periodo 2000-2004, así como filiaciones de personas que habiendo realizado algún tipo de curso formativo, habían sido llamados nuevamente para figurar en otros que no llegaron a realizar. No obstante, recibieron en algunos casos hasta tres diplomas de cursos distintos por un mismo módulo. Además, realizaban «certificados a la carta», acreditando en los currículos conocimientos en función de los requerimientos para determinados puestos de trabajo. La investigación, que continúa abierta, ha permitido la detención de nueve personas en la provincia de Cádiz, otras nueve en Madrid, dos en Sevilla, cuatro en Murcia y una en Granada, y apunta que las empresas implicadas podrían haber obtenido beneficios superiores a los ocho millones de euros -tres de ellos ya acreditados- que en su mayoría corresponderían a los representantes de las empresas que solicitaban los cursos de formación para sus trabajadores.