El fiscal quiere meter en prisión a Otegi por organizar la huelga Se ve en la cárcel

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, afirmó ayer rotundo que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá el lunes al juez Fernando Grande-Marlaska que ordene el ingreso en prisión incondicional del portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, porque «ha incumplido las condiciones de la libertad provisional» de que disfrutaba con la convocatoria de la huelga general el pasado jueves en el País Vasco. El juez Grande-Marlaska, instructor del sumario en el que Otegi se encuentra desde mayo del 2005 en libertad bajo fianza de 400.000 euros, consideró el mismo jueves «necesario» determinar en vistilla si procede modificar la situación procesal del dirigente batasuno a la vista de la «posible reiteración delictiva». El instructor llegó a esa conclusión, sin consultar a parte alguna, nada más recibir los informes policiales sobre el desarrollo de la jornada de huelga en el País Vasco y Navarra. La petición de cárcel del fiscal será secundada por los abogados de las dos acusaciones particulares personadas en el sumario de Batasuna, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ). La defensa de Otegi se opondrá a su encarcelamiento. La Fiscalía, a la vista del contenido de los informes entregados el jueves al juez por la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza, considera que Otegi es uno de los promotores de la huelga, convocada con motivo de las muertes de dos miembros de ETA que permanecían encarcelados. Así, la jornada de movilizaciones, en la que se produjeron hechos delictivos, fue organizada por la dirección nacional de Batasuna, que de esta forma burló el auto de suspensión total de actividades por espacio de dos años que contra la formación dictó el 17 de enero Grande-Marlaska. El Ministerio Público acepta los argumentos de los informes policiales, que consideran que los incidentes del jueves fueron organizados por Batasuna como frente político-institucional de ETA y que, a lo largo de la jornada, se produjeron en diversas ciudades del País Vasco y Navarra hechos delictivos como «la colocación de artefactos explosivos, la inutilización de accesos a locales y la interrupción de las vías públicas», entre otros. Conde-Pumpido recordó que, de hecho, la Fiscalía mantendrá el lunes la misma postura que ya expresó el pasado mes de mayo, con ocasión del procesamiento de Otegi por pertenencia a ETA en grado de dirigente, cuando pidió para él el ingreso en prisión preventiva y el juez decidió rebajar la medida a prisión eludible mediante el pago de una fianza. Otegi está procesado en el sumario de Batasuna, que imputa un delito de pertenencia a ETA a 41 de los máximos dirigentes históricos de la formación ilegalizada. «No es asunto mío» El fiscal general no precisó qué postura mantendrá la Fiscalía respecto a los otros cinco líderes de la izquierda aberzale que han sido citados a declarar por Grande-Marlaska como imputados por los mismos hechos delictivos que Otegi, también como supuestos inductores de los incidentes y delitos de la jornada de huelga. El fiscal general, preguntado sobre si el encarcelamiento de Otegi puede afectar a las expectativas de paz en el País Vasco, indicó que «mi obligación (como máximo responsable del Ministerio Público) es cumplir la ley y no entrar absolutamente en ningún otro tema». A lo que añadió: «Eso no es asunto mío». Arnaldo Otegi fue mucho menos cauto que Conde-Pumpido. El portavoz de Batasuna, que compareció en rueda de prensa en San Sebastián, dio por seguro su encarcelamiento el próximo lunes y advirtió al Gobierno de que «no es compatible decir que se tiene voluntad de construir un proceso (de paz)» al tiempo que mete en prisión a los «interlocutores necesarios e imprescindibles» para que ese intento de diálogo llegue a buen puerto. El líder de la izquierda aberzale considera que la citación de Grande-Marlaska es «la respuesta» del Gobierno y de la Audiencia Nacional a la huelga general del jueves pasado y adelantó que si el juez decide su encarcelamiento o el de alguno de los compañeros puede afectar «gravemente» al diálogo por la paz, porque cree que «quien así actúa o quien lo permite no está buscando facilitar las cosas». «Mi obligación es cumplir la ley y no entrar en ningún otro tema» CÁNDIDO CONDE-PUMPIDO Fiscal general del Estado