El juez se topa en Marbella con una red de concursos públicos amañados

La corrupción en Marbella no sólo era urbanística. La Policía Nacional y el juez Miguel Ángel Torres, el instructor de la operación Malaya contra la malversación en el consistorio de Marbella, abrieron en las últimas horas un nuevo frente de investigación en la maraña de comisiones en la Costa del Sol: los concursos públicos a medida diseñados por los imputados para favorecer a sus empresarios amigos a cambio de millonarias comisiones y regalos. Según desvelaron ayer fuentes de la investigación, la puesta en marcha de estos concursos amañados es la principal imputación contra la teniente de alcalde de Marbella, la tránsfuga Isabel García Marcos, que la madrugada del sábado fue encarcelada bajo la acusación de cohecho y alteración de los precios en concurso y subasta pública. Por ahora, la policía y el juez tienen documentado con todo lujo de detalles una de estas operaciones fraudulentas. Se trata de la concesión del servicio de grúas del municipio. Según los indicios recabados en la investigación, García Marcos y otros cuatro miembros de distinto nivel del ayuntamiento, diseñaron y aprobaron una nueva tasa de retirada de vehículos remolcados al depósito sólo para pagar una deuda al empresario madrileño Ismael Pérez, dueño de la empresa concesionaria de la grúa y propietario de dos empresas de leasing de vehículos que surten de coches a buena parte del Ayuntamiento marbellí. El consistorio diseñó un concurso a medida para que Pérez renovase la concesión de las grúas y el abastecimiento de vehículos, eso sí, supuestamente a cambio de dinero y de vehículos. Además de García Marcos e Ismael Pérez, el juez, que ayer llevó a cabo su tercera jornada de interrogatorios, ha enviado ya a la cárcel a otras cuatro personas: a la alcaldesa del municipio, Marisol Yagüe, que comparte celda con su número dos en la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre; al concejal de Tráfico, Victoriano Rodríguez, implicado también en los concursos amañados; al cerebro y muñidor de la red de corrupción de Marbella, Juan Antonio Roca, asesor urbanístico del municipio; y a Óscar Alberto Benavente, testaferro y hombre de confianza de Roca, que ayer declaró ante el instructor Miguel Ángel Torres. Precisamente, mientras se producía la comparecencia de Benavente, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Dirección General de la Policía irrumpían en dos oficinas de Roca en Marbella, a la búsqueda de nuevos documentos. Antes de Benavente, el primero en ser interrogado fue el empresario Jaime Hachuel, que quedó en libertad sin fianza aunque con cargos, ya que el juez le imputa un delito de blanqueo de capitales. El magistrado tenía previsto interrogar durante la tarde a otros cinco detenidos, entre ellos abogados, empresarios y un ex policía, ya implicado en otros casos judiciales. Mientras tanto, quedó en libertad el concejal de Cultura y Educación de Marbella, José Jaén, tras abonar la fianza de 30.000 euros dictada por el juez. Clamor social Por otro lado, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró que la operación Malaya desencadenada por la Policía Nacional no es más que la respuesta a «un clamor social que exigía que de una vez por todas limpiásemos la corrupción del Ayuntamiento de Marbella». Conde-Pumpido, que explicó que el Ministerio Público desde el principio sabía que la red desmantelada en la Costa del Sol era «muy importante», respaldó el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción y el de la policía, de las que dijo que «están haciendo un trabajo excelente para limpiar la corrupción y evitar que se extienda en otros ayuntamientos». El fiscal general dijo estar satisfecho por el resultado de la investigación policial y judicial y aseguró que «las actuaciones se están realizando según lo previsto y no hay nada improvisado». Cándido Conde-Pumpido, además, mostró su disposición de acudir al Parlamento para explicar la actuación de la Fiscalía en esta operación, tal y como ha pedido Izquierda Unida.