Socialistas y populares discrepan sobre la conveniencia de un adelanto electoral en Marbella

PP y PSOE discrepan sobre cuál es la mejor solución para el futuro de Marbella. El secretario general del PP, Ángel Acebes, insistió ayer en la necesidad de convocar elecciones anticipadas y rechazó encomendar la gestión de los asuntos ordinarios del ayuntamiento a una comisión gestora, que es la opción que adoptará el viernes el Consejo de Ministros una vez que la Junta de Andalucía le proponga hoy la disolución de la actual corporación municipal. Antes de que esto suceda, el Ejecutivo deberá tener un informe favorable de la Comisión Nacional de Administración Local (que reúne al Estado y a la Femp) y también otro del Senado, que lo elaborará a requerimiento de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes. En opinión de Acebes, «extender la provisionalidad no es la solución porque la situación es excepcional». Para el número dos del PP, que recordó que los candidatos a la alcaldía que se presentaron a los comicios del 2003, «están imputados, procesados o en la cárcel, a excepción de la aspirante del PP, Ángeles Muñoz», la actual situación «sólo puede salvarse con otras elecciones». Las 120 empresas de Juan Antonio Roca y un millar de cuentas bancarias a su nombre y al de sus testaferros «con varias decenas de millones de euros» están siendo investigadas para saber exactamente en cuántos proyectos inmobiliarios estaba involucrado el gestor urbanístico, que con un sueldo anual de 150.000 euros había sido capaz de comprar un piso de lujo, un palacio, un hotel en Huelva, varias fincas y cotos, una cuadra de caballos de pura raza y una ganadería de toros de lujo. Veintiuna firmas brillan con luz propia por encima del resto. La primera es Condear, una constructora a nombre de su amiga Cogulla que edifica un hotel en la localidad murciana de Los Alcázares. Cogulla, además es la titular de, al menos, otras siete inmobiliarias en Madrid: Palacio de Villagonzalo, Inmobiliaria el Ángel de Tepa, Joal Soal, Inversiones Corbel y Unideba. El bufete bajo sospecha gestiona otras dos empresas relacionadas con Roca llamadas Madesvaya y One Properties, que también en Murcia iban a construir una urbanización de casi medio millar de chalets. El socio principal del despacho, M.S.Z, tutelaba once empresas entre inmobiliarias rústicas y urbanas, financieras y sociedades inversoras en Madrid, Marbella y Aragón. A pesar de que la UDEF tiene trabajo para «varios años» sólo con investigar las 120 empresas de los ocho supuestos testaferros y abogados detenidos, los expertos barajan otra decena de nombres de personas, todavía no arrestadas, y que presuntamente eran hombres de paja de Roca.