La Comisión denuncia que no se sometió la reforma a una evaluación de impacto ambiental
La UE expedienta a España por las obras de Ruiz-Gallardón en la M-30 de Madrid
Un procedimiento de infracción podría bloquear el crédito de 1.500 millones que concedió el BEI
La Comisión Europea abrió ayer un expediente contra España por no haber realizado un estudio de impacto ambiental de la reforma de la M-30 que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid, lo que supondría una vulneración de la legislación medioambiental comunitaria. Ante este hecho, la oposición municipal y los ecologistas solicitaron la paralización de las obras, mientras que el Consistorio aseguró que seguirán su ritmo. Bruselas ve indicios de infrac-ción en las obras, por lo que ha pedido que el Ayuntamiento y la Comunidad motiven sus actuaciones. Si las explicaciones de ambas instituciones no convencen a Europa, la Comisión podría interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE por infringir el derecho comunitario, según explicó ayer la portavoz de Medio Ambiente del Ejecutivo europeo, Bárbara Helfferich. Ahora, el Ayuntamiento tiene un plazo dos meses para presentar sus alegaciones y la información global del proyecto. Bruselas desaprueba la decisión del Consistorio capitalino de dividir la operación en 19 proyectos y analizarlos de forma individualizada. Cree que las obras son un proyecto único y, por esta razón, exige que la actuación sea sometida a una evaluación de impacto ambiental global, que debería analizar, entre otras cosas, sus efectos sobre espacios protegidos por la red Natura 2.000. Zona urbana La apertura de un procedi-miento de infracción podría bloquear el crédito de 1.500 millones de euros concedido por el Banco Europeo de In-versiones (BEI), ya que estos fondos están sujetos al respeto a la legislación de la UE. El Ayuntamiento de Madrid había justificado la no realización del estudio de impacto ambiental porque las obras se realizan dentro de una zona ur-bana. No obstante, una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que también las obras urbanas deben someterse a dicho estudio. Por esta razón, declaró ilegal la construción de un centro comercial en Paterna (Valencia). El expediente de Bruselas tiene su origen en una queja presentada por la portavoz municipal de Izquierda Unida, Inés Sabanés, que también fue respaldada por el PSOE. Tras el estudio del expediente, el Parlamento Europeo decidió enviar una misión de eurodiputados para inspoeccionar las obras sobre el terreno, aunque todavía no ha fijado las fechas. El eurodiputado socialista Carlos Carnicero aseguró que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, debería paralizar las obras inmediatamente, al menos hasta la realización del estudio de impacto ambiental.