Grande Marlaska ve peligro serio de fuga y que representarían a una organización ilegal
El juez deniega a Otegi y Barrena el permiso para viajar a Irlanda
Permite a Usabiaga asistir al Foro Social Europeo que se celebra en Atenas

Juan José Ibarretxe, acompañado de Ramón Rabaneda y Paulino Luesma
El juez Fernando Grande-Marlaska denegó ayer a los dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi y Pernando Barrena la petición que formularon para acudir a Dublín a unos actos del Sinn Fein, y permitió al líder de LAB, Rafael Díez Usabiaga, salir del país para asistir en Atenas al Foro Social Europeo. El juez de la Audiencia Nacional rechazó las peticiones de Otegi y Barrena para acudir a Dublín, a pesar de que el fiscal Juan Moral se había mostrado favorable a autorizar su salida al estimar que no había riesgo de fuga. Grande-Marlaska estima en su resolución que sí existe riesgo de fuga respecto de Otegi y Barrena, quienes además, recuerda, iban a acudir a unos actos en Irlanda como representantes de una formación que tiene suspendidas sus actividades. La dirigente del PP Ana Pastor afirmó que su partido «valora» y «coincide» con la decisión del juez de denegar a los dirigentes de Batasuna la petición que formularon para salir de España, y aseguró que «de nuevo» se ha «corregido» al fiscal general del Estado (FGE), Cándido Conde-Pumpido. También se pronunció sobre esta cuestión el Sinn Fein, brazo político del IRA, que lamentó que la justicia española no permita viajar a los dirigentes de la ilegalizada Batasuna para asistir a unos actos organizados por la formación republicana, al considerar que «este tipo de decisiones no contribuyen a generar la confianza necesaria para acometer un proceso de paz y reconciliación». Asimismo, a lo largo de la jornada de ayer los partidos analizaron la condena de 15 meses de cárcel y siete años de inhabilitación absoluta impuesta ayer a Otegi por la Audiencia Nacional, así como la decisión de la fiscalía de no pedir su ingreso en prisión. En este sentido, el portavoz de Batasuna Joseba Permach denunció que el Gobierno continúa con su «estrategia represiva» y advirtió de que «es imposible sacar adelante un proceso de paz» únicamente con «la voluntad de una de las partes». Permach, quien no quiso referirse en concreto a los términos de la condena a Otegi, consideró «necesario» que «se garanticen condiciones democráticas» para acometer en el País Vasco un «debate político y democrático» sin «apuestas policiales» que pretendan evitar dicha discusión política. El secretario general del PP, Angel Acebes, acusó a Conde-Pumpido de «anteponer motivos de oportunidad a la legalidad y al propio Estado de derecho» y consideró «muy preocupante» que el fiscal no pidiese el ingreso de Otegi en prisión. Acebes aseguró que el dirigente abertzale es «un delincuente habitual» que, según recordó, «ha sido condenado tres veces por delitos relacionados con el terrorismo y tiene pendientes otros cinco procesos judiciales por estos delitos», por lo que pidió al Gobierno que no le «elogie». El portavoz parlamentario socialista, Diego López Garrido, afirmó que la sentencia de la Audiencia Nacional contra Otegi «no es un obstáculo» para el proceso abierto tras el alto el fuego.