Los jueces dictaron protección en el 25% de los casos de violencia hacia la mujer

Durante siglos, la violencia hacia las mujeres ha sido considerada un asunto privado. Es en 1979 cuando las Naciones Unidas adoptan por primera vez un acuerdo sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En España, hasta el año 1989 no se tipifica en el Código Penal el delito de violencia en la familia. Es a partir de 1999, tras la muerte de Ana Orantes, quemada viva por su ex marido, cuando el Estado español toma las primeras medidas para dar respuesta a un problema denunciado por el movimiento feminista y asumido con un problema colectivo tras la alarma social que despertó el caso de Ana Orantes. La mujer había aparecido en una televisión donde confesó el temor que sentía hacia su ex-marido, que vivía en el piso inferior de su casa. Las medidas de prohibición de acercamiento, que modificaron el Código Penal en 1999, y la implantación de la orden de protección en el 2003, fue rematada en diciembre de 2004 con la aprobación de la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género. La idea de que las medidas penales, por sí solas, no van a acabar con la violencia hacia las mujeres inspira la primera ley orgánica aprobada por el Gobierno Zapatero. Sin embargo, las medidas judiciales y policiales son las más visibles hasta el momento. Se considera que «se ha hecho un gran esfuerzo», afirma el juez decano de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y que el actual sistema garantiza a las víctimas que denuncian una «eficaz protección» en tiempos rápidos. Siete juzgados en la provincia Actualmente, siete juzgados de la provincia tramitan las denuncias de violencia de género desde que en julio entró en vigor plenamente la ley de integral de medidas para erradicar esta lacra que en lo que va de año se ha cobrado la vida de 36 mujeres en España. En León, Ponferrada, La Bañeza y Astorga hay juzgados específicos encargados de la violencia de género, pero ninguno de ellos está liberado para ocuparse en exclusiva de esta materia. En Villablino, Cistierna y Sahagún, partidos con juzgado único, todo va a la misma oficina. En nueve meses de funcionamiento -entre julio del 2005 y marzo del 2006- han entrado en los juzgados leoneses más de 700 casos de violencia de género y en uno de cada cuatro se han adoptado medidas de protección, según datos facilitados por las oficinas judiciales de León, Ponferrada, Villablino, Cistierna y Sahagún. Astorga, en cuyo partido judicial se ha producido en este tiempo la única víctima mortal, y La Bañeza no han facilitado la información. El grueso de las denuncias se producen en León que, con 382 casos supone más del 50% del total, y en Ponferrada, que ha recibido un total de 295 denuncias, lo que equivale a más del 42% de los casos. En Villablino, tramitaron 37denuncias y 17 órdenes de protección. En Cistierna no tienen constancia de ninguna denuncia relacionada con la violencia de género desde que entró en vigor la ley integral y en Sahagún hay 16 casos, de los cuales cuatro son del 2006 y sólo uno ha requerido orden de protección. En León, se rechazaron el 5% de las órdenes de protección y en Ponferrada, por contra, el 23%. Villablino es el partido donde más órdenes se conceden en relación a las denuncias ya que una de cada dos recibieron esta medida. «La desorganización es tan grande que apenas se cuenta con intervalos de tiempo lo suficientemente largos para dedicar al resto de asuntos un mínimo de atención» EVA MARÍA CHESA, jueza de violencia de género en Ponferrada