El fiscal alega que Batasuna y Otegi pretenden apoyar el final de ETA

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska concluyó a última hora de la tarde de hoy la ronda de interrogatorios iniciada este miércoles para determinar si varios dirigentes de Batasuna, con Arnaldo Otegi a la cabeza, han vulnerado la prohibición de intervenir en la vida pública. Al cierre de esta crónica, el magistrado estudiaba si ordenar o no su ingreso en prisión, tal y como reclamaron las asociaciones de víctimas del terrorismo personadas en la causa. En contra de esa decisión pesa la consideración del fiscal de la Audiencia Nacional, que estima que los ocho dirigentes de Batasuna no cometieron ningún delito, sino que pretendían recuperar la presencia institucional de la formación ilegalizada y «apoyar» el alto el fuego para convertirlo en definitivo. La Fiscalía no reclamó nuevas cauciones para los acusados por entender que siete de ellos están ya sujetos a importantes fianzas, no han cometido acciones delictivas nuevas no puede observarse en su comportamiento reciente un mayor riesgo de fuga o una elevación del peligro de reiteración delictiva. Según fuentes fiscales, dada «la nueva situación social», en referencia al proceso de paz, la elección de una nueva Mesa Nacional (dirección) por parte de Batasuna sólo busca recuperar la presencia pública de la coalición ilegalizada. En esa línea, la elección de una comisión negociadora pretende apoyar el cese de la violencia y su consecución definitiva. Los dirigentes batasunos se acogieron al derecho constitucional a no declarar, tal y como hicieron los otros cuatro imputados, incluido el propio Otegi. El magistrado citó a declarar a los ocho miembros de la nueva Mesa Nacional por entender que existen indicios de que en las últimas semanas han violado la suspensión de actividades del partido ilegalizado, con la elección de una nueva dirección nacional y la designación de una comisión negociadora, y han incurrido en un delito de amenazas terroristas con los avisos de que su posible encarcelamiento bloquearía el proceso de paz.