«El 60% de los que llegan demandando ayuda o información son ya nuevos»
Las tres cuartas partes de la inmigración que arribó a León el pasado año tuvieron como paises de origen cuatro muy concretos: 821 de Marruecos, 469 de Colombia, 314 de la República Dominicana y 173 de Ecuador. El resto se repartió en un abanico de lo más variopinto, sumando en total 55 nacionalidaes más, cuya lista sería casi tan larga de enumerar como los propios nombres en la aduana: Angola, Bielorrusia, Bosnia, China, Brasil, Cabo Verde, Egipto, Filipinas, Georgia, India, Lituania, Moldavia, Honduras, Mali, Camerún, etcétera. Según el responsable del Centro de Guía local de UGT, Miguel Angel Cueto, más del 60% de los inmigrantes reclamaban permisos de residencia y trabajo nuevos, lo que hace presuponer que no se encontraban aquí cuando entró en vigor la última ley de «normalización»: los permisos nuevos sumeron durante el 2005 un total de 1.223, las renovaciones 924, los de reagrupación familiar 104 y las tarjetas comunitarias apenas una decena. Casi todos nuevos De la estadística oficial los sindicatos deducen que un 60% de los inmigrantes que llegaron el año pasado a la provincia de León eran «nuevos» y no habían pasado por el generoso proceso de regularización anterior. Facilidades de reagrupación familiar, efectos llamada y ayudas entre ellos sin necesidad de legislación oficial hicieron el resto, de modo que todavía se nota la tendencia al alza del número de los que llegan, la mayoría sin permisos pero con la promesa de un empleo que basta para darles cédula de residencia provisional por unos pocos meses, casi siempre prorrogables. Los cientos de trabajadores extranjeros que se regularizan cada año en la provincia constrastan con los escasos puestos que teóricamente se ofrecen desde las asociaciones patronales y sindicatos. Los proyectos de las primeras para captar mano de obra en los países de origen con cupos predeterminados han sido un fracaso, entre otras cosas por el propio desinterés de las empresas, ajenas a hacerle el juego gratis a los gobiernos de turno, en tanto que los segundos han obtenido también muy escasos resultados: el llamado «Programa cinco», que ensayó la Junta en León y Valladolid hace cinco años como fórm,ula pionera para canalizar este tipo de empleo sólo firmó 79 contratos en la provincia leonesa y 113 en Valladolid en el 2005. La demanda, eso sí, era diez veces mayor.