CiU intentará que se recupere la deducción fiscal por gastos sanitarios

Convergencia i Unió tiene previsto negociar con el Gobierno la posible recuperación de una deducción fiscal para los gastos sanitarios, petición que han hecho en el Senado para intentar incluirla a última hora en el proyecto de ley de reforma de los impuestos de la renta y de sociedades. Este beneficio, ligado a los desembolsos hechos por honorarios médicos, gastos de clínica y cuotas satisfechas a mutualidades o sociedades de seguros médicos, desapareció como tal en 1998, con la primera reforma del impuesto de la renta hecha por el Partido Popular tras su llegada al Ejecutivo. La nueva ayuda para los contribuyentes sería equivalente al 15% de la cuota integra del IRPF. La cuantía a descontar, no obstante, tendría un límite de 500 euros por persona, ya que además de a sus propios gastos, el contribuyente podría aplicar la misma deducción a las cantidades correspondientes a su cónyuge y a aquellos hijos menores de 25 años que convivan con ellos. CiU justifica su solicitud en la necesidad de «recompensar el esfuerzo de tantas familias» que afrontan su cobertura sanitaria de manera privada, «lo que comporta, en definitiva, un alivio a las arcas del Estado». De ser aprobada, la medida tendría efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero y se aplicaría ya en la declaración de la renta del año próximo, correspondiente al presente ejercicio, lo que obligaría a retocar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2007. Pero en el Ministerio de Economía y Hacienda no parecen estar por la labor de asumir un nuevo recorte en los ingresos tributarios, el verdadero 'maná' del Estado, que se añadiría a los 9.250 millones de euros que dejará de recaudar en los dos próximos años por la citada reforma fiscal, 4.000 correspondientes al IRPF. También en CiU son conscientes de la dificultad de recuperar en este momento ese tipo de ayudas, pero entienden que tampoco sería bueno aplazarlo hasta una nueva modificación general del impuesto, por lo que tratarán de que se incluya alguna deducción aunque su cuantía sea mínima. Socialistas y nacionalistas catalanes cerraron el pasado 7 de junio un pacto sobre la reforma fiscal, que se tradujo un día después en un acuerdo parlamentario, que habrá de ser ratificado por el Pleno el jueves próximo. De él quedaron fuera algunas reivindicaciones de CiU, como la mejora del trato fiscal de las microempresas (aquellas con menos de 10 empleados) y de los llamados inversores de proximidad (claves para financiar a las pymes), o la «territorialización» de las aportaciones vía IRPF a fines sociales (0,52% del impuesto). En contrapartida, el Gobierno sí aceptó 40 propuestas de su nuevo aliado político. Las más destacadas fueron la reducción a dos años del plazo de entrada en vigor del recorte de cinco puntos previsto para el tipo general del impuesto y el de las pymes, así como el mantenimiento -aunque con retoques- de la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios.