El juez indaga si políticos de PNV y PSE mediaron en el chantaje de ETA

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska investiga si varios políticos del Partido Socialista de Euskadi (PSE) y del Partido Nacionalista Vasco (PNV) jugaron un papel de «mediación» en el pago de importantes cantidades a la desarticulada red de extorsión de ETA que operaba en la frontera hispano-francesa. La investigación sobre el aparato de recaudación del denominado impuesto revolucionario ha provocado un abierto enfrentamiento entre el magistrado y la jefatura antiterrorista de la Policía, que quiso posponer las redadas de esta semana en Guipúzcoa y Alicante. En los pinchazos telefónicos a los cinco arrestados en España han aparecido conversaciones de abril y mayo de uno de los máximos dirigentes del PSE y habitual interlocutor con el entorno aberzale. En estas llamadas, el responsable socialista hace gestiones para que los recaudadores ahora detenidos rebajen a un empresario, habitual pagador del impuesto revolucionario, la cantidad exigida por la banda terrorista, aunque en ningún momento se ofrece a trasladar dinero o hacer otras gestiones posteriores. Un papel diferente en este entramado, según las pesquisas de la Comisaría General de Información, sería el del encargado de relaciones exteriores del PNV y miembro de la Ejecutiva de esta formación, Gorka Aguirre, que estaría «más implicado» en esa «mediación» entre los extorsionadotes etarras y los empresarios chantajeados. El pasado 18 abril, la Policía intervino una llamada en la que el supuesto jefe de la red de extorsión, el detenido Joseba Elosúa, además de alertarle de que las cartas de exigencia del impuesto revolucionario iban a terminar, le citó para dos días después en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa). Los seguimiento de los agentes de Información de la Policía permitieron constatar que el dirigente peneuvista acudió el 20 de abril a esa cita y que abandonó el bar con varios sobre, supuestas cartas con mensajes extorsionadores dirigidas a empresarios de Vizcaya. Los agentes investigan ahora si el 3 de mayo Aguirre pudo regresar a una sidrería de Rentaría para entregar unos 60.000 euros del pago del impuesto revolucionario. Apartado de la investigación Al mando de la investigación para determinar la relación de los políticos con la red de extorsión no estará, como le correspondería, el comisario general de Información de la Policía, Telesforo Rubio. El juez Grande-Marlaska le apartó del caso en la primera quincena de mayo por considerar que no acataba al pie de la letra sus órdenes y que estaba demorando la investigación sin motivo. Tras marginar al comisario general, el magistrado designó como responsable de la investigación a un simple subordinado de Rubio, el inspector jefe B., al que tiene prohibido desde entonces hablar con su superior y al que obliga a despachar sólo con el personal de la Audiencia Nacional. Según fuentes de la investigación, los desencuentros entre el juez y el jefe antiterrorista se remontan a febrero, cuando Grande-Marlaska, en coordinación con la justicia francesa y la Fiscalía, decidió reactivar la investigación sobre la extorsión a pesar de que Rubio y sus más cercanos colaboradores consideraban que el caso no llevaría a ningún sitio.