Los empresarios logran retrasar que las mujeres compartan el poder

Las grandes empresas tendrán ocho años y no cuatro, como se preveía, para acomodar en sus consejos de administración al menos a un 40% de mujeres y cumplir así con los preceptos de la futura Ley de Igualdad. El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto legislativo con un recado conciliador a los empresarios, muy críticos con una norma que les empuja a negociar con los trabajadores la igualdad en los centros laborales, establecer planes para equiparar a hombres y mujeres, y a repartir la «tarta» del poder en las grandes firmas, que ahora sólo es masculina. Apenas un 3% de los consejeros y los altos directivos empresariales son mujeres. «Espero que les guste la flexibilización de este requisito», admitió Jesús Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en rueda de prensa tras la reunión semanal del Gabinete. Esta concesión a las compañías -que además de contar con cuatro años más de margen no pasarán 'exámenes' anuales para evaluar cómo va la incorporación de féminas en sus órganos directivos- es, de hecho, la única modificación del texto después del paso por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Económico y Social (CES), y el Consejo de Estado. Todo lo demás sigue igual, incluidos los incentivos -preferencia en las contrataciones con las administraciones públicas- de que disfrutarán las empresas más comprometidas con la igualdad. Aquéllas que consoliden una presencia equilibrada de hombres y mujeres en la plantilla y la dirección tendrán ventaja para contratar con las administraciones públicas. El Gobierno medirá el grado de cumplimiento de estas recomendaciones al cabo de cuatro años. Si por las buenas los empresarios no avanzan en la senda de la igualdad, la norma se endurecerá. Pero, hoy por hoy, «ésta no es una ley coactiva», señaló Caldera. Buena parte de su contenido es de mero impulso. Caldera destacó el aval del Consejo de Estado al espíritu transformador de un proyecto que «desarrolla el mandato de igualdad de la Constitución». Paridad electoral El más alto órgano consultivo también da por bueno -dijo el ministro- uno de los puntos más controvertidos, la paridad electoral de hombres y mujeres. La ley buscará la «presencia equilibrada» de hombres y mujeres en las listas electorales que concurran a todos los comicios -generales, autonómicos, locales y europeos-, con la única salvedad de las elecciones municipales en los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. El propósito es que ningún sexo tenga más del 60 ni menos del 40 por ciento en las candidaturas, con tantas mujeres como varones en puestos con posibilidad de escaño a fin de garantizar una presencia equilibrada en las instituciones.