El Gobierno vasco autoriza la marcha convocada por Batsuna

El Gobierno vasco autorizó ayer la manifestación convocada para el próximo domingo en San Sebastián por la organización ilegalizada Batasuna. La consejería de Interior del Ejecutivo vasco justificó su decisión en la obligación de respetar «un derecho fundamental como es el de manifestación». La marcha había sido convocada en un principio bajo el lema Euskal Herria Autode-terminación pero finalmente se cambió por Euskal Herria tiene la palabra y la decisión . A partir de ahora, la celebración de la marcha queda en manos del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que será el encargado de respaldar o no esta autorización. El Gobierno vasco comunicó ayer la autorización al responsable legal de la convocatoria, un particular sin especificar, y le advirtió de los límites legales en los que deberá desarrollarse. Así, recuerda que «no podrán portarse o utilizarse pancartas, lemas y eslóganes que supongan una amenaza o intimida-ción a instituciones, partidos políticos y organizaciones, o personas que los representan» y tampoco podrán darse «conductas de enaltecimiento a organización terrorista». En lo que afecta a Batasuna, se especifica que en el acto «no podrán tomar parte mediante anagramas o textos, organizaciones o partidos declarados ilegales» La asociación Dignidad y Justicia, que ejerce la acusación en la causa sobre la ilegalización de Batasuna, reclamó al juez Garzón que impida la celebración de la marcha y se dirija a los responsables de la consejería de Interior vasca «a fin de que adopten las medidas oportunas para impedir dicha manifestación». La Fiscalía no actúa El Gobierno no tiene previsto realizar actuación alguna tendente a impedir la celebración de la marcha y tampoco la Fiscalía General del Estado actuará en el caso. El PSOE se pronunció tras conocer la decisión del Gobierno vasco por medio de su portavoz, Diego López Garrido, que afirmó que el acto del domingo «no es un plato de gusto». Explicó que su partido no siente «simpatía» ni por la marcha ni por las personas que la convocan pero recordó que «quien decide en primer lugar es el Gobierno vasco y, en última instancia, los jueces». Se trata, dijo, de una cuestión de «legalidad». Por el contrario, los populares acusaron al Gobierno de «ocultar la realidad» y de «eludir sus responsabilidades». El secretario ejecutivo de Libertades Públicas del PP, Ignacio Astarloa, calificó de «intolerables» los argumentos esgrimidos por el PSOE y afirmó que «los terroristas no pueden manifestarse». Desde el mundo judicial, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Ramón Ferrándiz, afirmó que «ante cualquier comportamiento ilícito, y no me pronuncio si éste lo es o no, el Derecho proporciona medios, no solo represivos, sino impeditivos, que impiden anti-cipadamente que se produzcan esos acontecimientos». El Partido Socialista de Euskadi advirtió a Batasuna de que la mesa de partidos para definir el futuro estatus jurídico y político de Eus-kadi carecerá de sentido si el partido ilegal no da pasos para normalizar su situación.