El 70% del terreno que se ha quemado este año en toda España es de Galicia

El aquelarre de fuego que arrasó Galicia del 4 al 15 de agosto llegará al Parlamento regional, donde una comisión tratará de buscar respuestas a grandes interrogantes de difícil respuesta: cómo pudo pasar, qué factores convirtieron media comunidad en una tea y qué hacer desde las instituciones para evitar que la historia se repita. Junto a la creación de la comisión parlamentaria, el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño anunció distintas rondas de reuniones con los alcaldes de todos los municipios afectados. Al debate en torno a la superficie consumida por el fuego se sumaron ayer las cifras provisionales del Ministerio de Medio Ambiente sobre el número de incendios en todo el país desde principios de año. Según los cálculos oficiales, de las 123.617 hectáreas forestales quemadas en España entre el 1 de enero y el 13 de agosto, el 70 por ciento, unas 86.000, ardieron en Galicia. Exceptuando este comunidad, en el resto del Estado se calcinaron durante este período 60.000 hectáreas menos que en 2005, y 30.000 menos que la media del decenio. La comisión del Parlamento gallego aportará la dimensión «político-parlamentaria» al debate sobre la crisis de los incendios, dijo Pérez Touriño en rueda de prensa. No incursionará en el terreno de las investigaciones policiales y judiciales en marcha y su contenido deberán decidirlo de consenso los grupos parlamentarios de la cámara regional con el propósito de buscar soluciones de futuro. El presidente gallego se reunió ayer con alcaldes de los concellos donde más se ensañó el fuego, y a lo largo del mes de septiembre otros miembros de su gabinete irán entrevistándose con los representantes de todos los municipios alcanzados poco o mucho por las llamas. La Xunta, dijo Pérez Touriño, pretende abrir «vías de concertación, consenso y cooperación», y el primer paso es conocer los daños ocasionados y las necesidades que ahora se plantean para concertar ayudas y diseñar políticas preventivas. Las primeras ayudas económicas a los damnificados se aprobarán en sendas reuniones del consejo de gobierno los días 24 y 31 de este mes. El lunes, el jefe del ejecutivo gallego se reunirá además con la directiva de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) con el propósito de revisar la política forestal, necesitada, dijo Pérez Touriño, de una «revisión en profundidad». A su juicio, el monte gallego se ha colocado en una «posición inútil». Ni cultivado ni ordenado, repoblado con especies de alta combustibilidad en caso de incendio, es urgente estudiar nuevas utilidades para el monte y buscar nuevas especies silvícolas y agrícolas que aúnen interés económico y sostenibilidad ambiental. La ola de incendios ha demostrado también que el modelo urbanístico no funciona. «Este país no soporta un urbanismo basado en el crecimiento disperso y diseminado del hábitat», recalcó. Reto Pérez Touriño elevó a 34 el número de personas detenidas por su presunta implicación en la ola de incendios, catorce de ellos ya ingresados en prisión. Aunque hay algunos desequilibrados entre ellos, la mayoría son «personas normales en pleno uso de sus facultades y responsabilidad», que prendieron las mechas a sabiendas de lo que hacían. El líder de los socialistas gallegos no quiso terciar en la batalla de cifras sobre el número de hectáreas malogradas estos días. Retó, no obstante, a su homólogo popular, Alberto Núñez Feijóo, a demostrar en la futura comisión parlamentaria que son 180.000, como sostiene el PP, y no las 77.000 del balance oficial de la Xunta. «Nosotros no vamos a negar ni ocultar nada», aseguró.