El Gobierno vasco dará hasta 600 euros para visitar a los presos de ETA

Los familiares de presos vascos podrán solicitar ayudas para visitar a sus allegados a partir del próximo mes, tras la publicación hoy del decreto de ayudas del Gobierno Vasco en el Boletín Oficial del País Vasco. El montante total de las ayudas asciende a 204.000 euros y éstas oscilarán entre los 20 y los 600 euros por visita realizada. El Boletín Oficial del País Vasco publicó ayer la convocatoria de ayudas al desplazamiento de familias para visitar a personas en prisión, que sustituye con algunas modificaciones al anulado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). El TSJPV suspendió los anteriores decretos al considerar que el título competencial en el que estaban enmarcados, el de prisiones, no era el adecuado, ya que la política penitenciaria es competencia del Gobierno. Por ello, la nueva convocatoria de ayudas se engloba dentro de las políticas de asistencia social y su gestión recaerá en la Dirección de Familia del Departamento de Justicia. Una de las novedades de la nueva regulación del programa de ayudas es que cubren todo tipo de viajes, no sólo los que se realicen a prisiones situadas en otras comunidades españolas, sino también entre los tres territorios vascos y a otros países. Además, las ayudas serán proporcionales al coste del desplazamiento y a la renta de los que los soliciten, de modo que no podrán acceder a ellas las personas que tengan ingresos superiores al triple del salario mínimo interprofesional. Asimismo, sólo podrá haber un beneficiario de las ayudas por cada persona penada o en prisión preventiva y cuando concurran dos o más personas a las ayudas en el mismo orden preferente, se considerará únicamente al solicitante de mayor edad. El número máximo de visitas subvencionables será de seis por beneficiario. El decreto de ayudas fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de julio y según explicó entonces el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, busca favorecer el principio de reinserción de todos los presos y responde al «principio de humanidad al que está obligado cualquier Gobierno». El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes desde el día siguiente de su publicación en el BOPV. Juicio contra Ekin Mikel Albizu Iriarte, Mikel Antza , máximo jefe de ETA desde 1993 hasta su captura en octubre de 2004, declinó ayer declarar como testigo en el juicio que este lunes se reanudó en la Audiencia Nacional contra Ekin, el supuesto brazo político de la banda terrorista. Mikel Antza, cuyo testimonio había sido solicitado por las defensas de los 55 acusados para intentar desvincular a Ekin de la organización armada, hizo llegar el pasado viernes una carta al tribunal en la que avisaba que este lunes no se desplazaría a dependencias judiciales de Perpignan (Francia) para ser interrogado a través de videoconferencia. La primera sesión del juicio tras el parón estival estuvo marcada por la declaración de otro preso etarra encarcelado en Francia, Peio Esquisabel, quien, a pesar de aceptar ser interrogado por videoconferencia, se negó a responder a las preguntas del fiscal del caso, Enrique Molina. Esquisabel se limitó a negar que ETA controle a Ekin o a KAS e insistió en que la banda terrorista es «soberana» y toma «sus propias decisiones».