El Gobierno cree que el proceso de paz sigue la «hoja de ruta» prevista

Seis meses después del alto el fuego de ETA, las posibilidades de lograr la paz se mantienen, pese al aumento de la violencia callejera y de la pretensión de ETA de condicionar el proceso a una mesa de partidos que decida el futuro político vasco. Pese a reconocer las dificultades, el Gobierno considera que el proceso de diálogo con ETA se ajusta a las previsiones de su «hoja de ruta» y que sigue intacta la esperanza de paz. Así lo han expresado fuentes del Ejecutivo tras medio año de alto el fuego de ETA, que se cumple mañana, sin que hasta ahora haya trascendido si han tenido lugar o no contactos entre el Gobierno y ETA. La organización terrorista, por su parte, ha ido radicalizando sus mensajes en los cinco comunicados que ha hecho públicos desde la declaración de alto el fuego permanente del pasado 22 de marzo. Si, cuando anunció la tregua, ETA afirmaba que «la superación del conflicto» era su «deseo» y su «voluntad», el último de sus mensajes, fechado el 18 de agosto, constataba una «evidente situación de crisis» y advertía de que, «si continúan los ataques contra Euskal Herría, ETA responderá». En estos seis meses se han registrado más de medio centenar de actos de violencia callejera entre el País Vasco y Navarra, aunque el Partido Popular afirma haber contabilizado más de un centenar de incidentes violentos. Quemas de autobuses y cajeros, destrozos del mobiliario urbano, contenedores y papeleras, ataques a estaciones de ferrocarril y a sedes de partidos resumen la violencia de estos meses, intensificada a partir del comunicado de ETA del 18 de agosto. Desde el Parlamento, todas las fuerzas políticas mantienen su esperanza en que el diálogo abierto por el Gobierno con ETA continúe, aunque el PP rechaza este intento y considera el proceso en «situación límite». Los portavoces parlamentarios coinciden en destacar la «complejidad» de la iniciativa y algunos recomiendan, incluso, adoptar algún gesto de distensión, tanto en política penitenciaria como en la ilegalización de la izquierda abertzale. Seis meses después del alto el fuego de ETA, las posibilidades de lograr la paz se mantienen, pese al aumento de la violencia callejera y de la pretensión de ETA de condicionar el proceso a una mesa de partidos que decida el futuro político vasco. Pese a reconocer las dificultades, el Gobierno considera que el proceso de diálogo con ETA se ajusta a las previsiones de su «hoja de ruta» y que sigue intacta la esperanza de paz. Así lo han expresado fuentes del Ejecutivo tras medio año de alto el fuego de ETA, que se cumple mañana, sin que hasta ahora haya trascendido si han tenido lugar o no contactos entre el Gobierno y ETA. La organización terrorista, por su parte, ha ido radicalizando sus mensajes en los cinco comunicados que ha hecho públicos desde la declaración de alto el fuego permanente del pasado 22 de marzo. Si, cuando anunció la tregua, ETA afirmaba que «la superación del conflicto» era su «deseo» y su «voluntad», el último de sus mensajes, fechado el 18 de agosto, constataba una «evidente situación de crisis» y advertía de que, «si continúan los ataques contra Euskal Herría, ETA responderá». Violencia callejera En estos seis meses se han registrado más de medio centenar de actos de violencia callejera entre el País Vasco y Navarra, aunque el Partido Popular afirma haber contabilizado más de un centenar de incidentes violentos. Quemas de autobuses y cajeros, destrozos del mobiliario urbano, contenedores y papeleras, ataques a estaciones de ferrocarril y a sedes de partidos resumen la violencia de estos meses, intensificada a partir del comunicado de ETA del 18 de agosto. Desde el Parlamento, todas las fuerzas políticas mantienen su esperanza en que el diálogo abierto por el Gobierno con ETA continúe, aunque el PP rechaza este intento y considera el proceso en «situación límite». Los portavoces parlamentarios coinciden en destacar la «complejidad» de la iniciativa y algunos recomiendan, incluso, adoptar algún gesto de distensión, tanto en política penitenciaria como en la ilegalización de la izquierda aberzale. Batasuna, por su parte, ha adoptado un papel de «vigilante» del proceso, de cuyas dificultades ha alertado en varias ocasiones, al tiempo que exige la inmediata constitución de la mesa de partidos y reclama al Gobierno que resuelva el problema derivado de su ilegalización. Seis meses después del alto el fuego, Batasuna sigue siendo una formación ilegalizada que limita su actividad política a la convocatoria de manifestaciones y a conferencias de prensa para fijar sus opiniones. En cuanto a la mesa de partidos, las reuniones mantenidas por las fuerzas políticas, a excepción del PP, no han permitido alcanzar acuerdos para avanzar en la formación y en la metodología de la propia mesa y tampoco hay unanimidad acerca de qué solución se podrá dar a Batasuna para que sea legal y pueda formar parte de ese foro.