El PSOE quiere saber quién instigó para falsear el informe sobre el 11-M Miles de personas piden independencia para Euskadi

El PSOE pidió ayer a los jueces que aclaren «quienes han instigado» a los tres peritos de la Comisaría General de Policía Científica que vincularon en un informe los atentados del 11-M con ETA «a falsificar un documento público». El auto dictado el viernes por el juez Baltasar Garzón, en el que imputa a los técnicos policiales un delito de falsedad documental, llevó ayer a Gobierno y PSOE a exigir al PP y a algunos medidos de comunicación que abandonen la «teoría de la conspiración», según la cual el 11-M es una masacre con la implicación de islamistas y etarra. Sin embargo, el contenido del mismo documento judicial sirvió a los populares para sacar a relucir a los GAL. El PSOE, en una declaración oficial leída por su portavoz parlamentario, Diego López Garrido, tras la que no admitió preguntas, mostró su convencimiento en que «las investigaciones del Poder Judicial van a descubrir quiénes han instado a tres peritos a falsificar un documento público». La nota, que recuerda que fue el trabajo judicial el que llevó «a la detención de los presuntos terroristas islamistas del 11-M», indica que también van a ser los jueces los que ahora «descubrirán quiénes con ello (la falsedad documental) quieren vincular a ETA con los atentados a cualquier precio, aunque sea sin ningún fundamento y aunque lo hagan contra toda evidencia policial y judicial». Los socialistas afirman en la declaración que «quienes han instigado a tres peritos a falsificar un documento no vacilan con ello en desprestigiar a las fuerzas de seguridad, a los jueces, a los fiscales, a todo su esfuerzo, también a las víctimas, por enjuiciar y condenar a los terroristas autores de aquella horrenda masacre». Desde el Gobierno, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, pidió al PP que «se deje de marear la perdiz» con los atentados del 11-M. Mariano Rajoy aprovechó ayer su discurso de clausura de la Convención Regional del PP de Castilla y León para insinuar que el Ministerio del Interior manipula informes para ocultar la verdad del 11-M y para afirmar que la situación actual le recuerda a lo que ocurría en el mismo departamento entre los años 1990 y 1996, cuando intentaron dificultar que saliese a la luz la trama de los GAL. Señaló que no le corresponde «juzgar lo que hagan los jueces», pidió la urgente comparecencia en el Parlamento del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que «cuente la verdad» y explique «qué pasa con los documentos del 11-M» y con la investigación del jefe de seguridad del PSOE en relación con el «chivatazo» a ETA de una redada de la Audiencia Nacional. «Qué pasa en el Ministerio del Interior», se preguntó, para responderse de inmediato que lo que ocurre ahora en este departamento «nos recuerda a tiempos pasados, entre los años 1990 y 1996. Varios miles de personas recorrieron ayer las calles de las tres capitales vascas y de Pamplona para reclamar el derecho de autodeterminación y la consecución de la independencia de Euskadi cuya consecución, que, según señalaron, es la única vía para la resolución del denominado conflicto vasco. Las manifestaciones, convocadas por «gente de izquierda y abertzales» transcurrieron sin incidentes y fueron autorizadas por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, quién no encontró ninguna vinculación entre los convocantes y la ilegalizada Batasuna. Una pancarta con el lema en euskera «Autodeterminación para Euskal Herria» portada por personas anónimas y una gran ikurriña presidieron las marchas que arrancaron puntuales a las cinco y media de la tarde en Pamplona, a las seis en San Sebastián, a las seis y media en Bilbao y a las siete en Vitoria. En un segundo plano se pudo ver a dirigentes de la ilegalizada Batasuna como Pernando Barrena, Jone Goirizelaya, Joseba Permach o Rafa Díez Usabiaga. Las marchas estuvieron vigiladas de cerca por efectivos de la Ertzaintza en las capitales vascas y de la Policía Nacional en el caso de Pamplona. Los manifestantes corearon consignas a favor de la independencia y de los presos de ETA. No se produjeron incidentes. Las manifestaciones terminaron con la lectura de un único comunicado en euskera y castellano en el que los convocantes dejaron claro que «el reconocimiento de la autodeterminación en este pueblo es la clave para poner el conflicto con los estados español y francés en vías de solución».