Caracas no extraditará al etarra Cubillas por tener la ciudadanía

Si lo requiere la Justicia española y tiene todos los elementos para solicitarlo (el proceso de extradición), nosotros no pondremos ningún problema». «Él (Arturo Cubillas) es ahora ciudadano venezolano y de acuerdo a la ley venezolana no puede ser extraditado. Eso es lo que dice nuestra Constitución». Ambas frases son del ministro del Interior de Venezuela, Jesse Chacón, y entre dos declaraciones tan dispares sólo había transcurrido media hora, además de una llamada a la embajada española. Chacón compareció dos veces ante la prensa el lunes por la tarde (madrugada del martes en España); la segunda, en exclusiva ante medios de comunicación españoles. Éstos, como previamente hicieran sus homólogos venezolanos, incidieron en el tema de la presencia de un antiguo etarra, al que se acusa por su implicación en tres delitos de sangre, en el ministerio de Agricultura. El responsable de Interior había negado este hecho en su primera intervención: «En el Gobierno no hay ningún miembro de ETA». Una reportera venezolana recordó entonces a Chacón que Arturo Cubillas «está en la web del Ministerio de Agricultura como director de Bienes y Servicios». El interpelado respondió que la llegada del etarra a Caracas se produjo «tras un acuerdo firmado entre los gobiernos de Argelia, España y Venezuela en 1989 que trajo a once personas aquí para que rehicieran su vida». Apuntó así que cuando Chávez accedió al poder, el terrorista ya llevaba diez años en el país. Ya en su segunda comparecencia, el ministro venezolano aseguró haber mantenido una conversación con la embajada española para confirmar que desde Madrid «no se ha hecho ninguna solicitud (de extradición) por nadie, y mucho menos por esa persona (Cubillas)». Chacón no dudó en atribuir el revuelo surgido tras darse a conocer el cargo del etarra a una maniobra del PP en plena campaña electoral en Venezuela: «Con el partido de ustedes, ese de las dos pés, siempre hay problemas. La persona de la que se habla aquí no está en el cargo desde hace poco - lo ocupa desde el 2004, según Interior- y el problema salta precisamente ahora».