Los peritos quieren que se anule el trabajo del juez de la Audiencia

Los abogados de los tres peritos policiales que elaboraron el informe que relaciona a ETA con uno de los procesados en el 11-M a través del ácido bórico pedirán en los próximos días la anulación de todas las diligencias realizadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, sobre todo su imputación por un presunto delito de falsedad documental. Dos de esos expertos fueron interrogados hoy, como testigos, por una juez de instrucción de Madrid que investiga, bajo el secreto sumarial, los mismos hechos. El magistrado Garzón se inhibió este jueves de la investigación y remitió la causa al juzgado decano de los ordinarios de Madrid. Cuando su titular resuelva sobre el destino de esas diligencias, los abogados de los peritos reclamaran a quien corresponda su anulación, según informaron los propios letrados. Aducirán para ello el artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que considera nulas las actuaciones judiciales realizadas por órganos judiciales no competentes para ello, o mediante métodos que provoquen la indefensión de los acusados. Según estos abogados, la actuación del juez Garzón incurrió en ambos defectos. Mientras que el decano de los jueces madrileños resuelve el destino de la causa en la que los tres peritos están imputados de falsificación, dos de ellos, Manuel Escribano e Isabel López, fueron interrogados hoy por la juez de Instrucción número 35 de Madrid, Gema Gallego, en calidad de testigos. El tercer funcionario, Pedro Manrique, solicitó acudir a prestar declaración el próximo lunes, lo que fue aceptado por el juzgado. La juez Gallego investiga una denuncia interpuesta por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M contra el ex comisario general de Información, Telesforo Rubio; el de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano; el jefe de Análisis Científico, José Andradas, y el jefe de Analítica, Francisco Ramírez, acusados de manipular el informe de los tres peritos anteriores para eliminar del sumario del 11-M cualquier vestigio de relación con ETA. La juez decretó el pasado miércoles el secreto de las actuaciones, lo que impidió conocer el contenido de las declaraciones tomadas ayer.