El Gobierno reprocha al Poder Judicial que no dé amparo a Garzón

El Gobierno reprochó ayer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sus «interferencias» en el trabajo del juez Baltasar Garzón por la investigación abierta sobre la presunta falsificación del informe policial para relacionar a ETA con el 11-M. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, recriminaron al órgano político de Gobierno de los jueces su toma de partido en cuestiones que consideran «jurisdiccionales». López Aguilar subrayó que el deber del CGPJ -que esta semana negó el amparo a Garzón por los ataques recibidos y volverá a negárselo el martes- es «velar por la independencia de jueces y tribunales, por lo que no tiene precedentes que haya interferido en una actuación estrictamente jurisdiccional». En declaraciones a RNE, el titular de Justicia exigió «mesura» y «serenidad», y que dejen trabajar a la Justicia «en paz» y «sin interferencias del exterior». El ministro se quejó de que hay «una gran presión sobre los jueces para que se comporten en una u otra dirección» y «no se les deja trabajar». «A diario se les dice desde muchas tribunas y desde el mismo PP lo que tienen que hacer», explicó. En ese sentido, consideró «incalificable» que el principal partido opositor «intente todos los días de forma tan ostensible y tan descarada meterse en el trabajo de los jueces con el único objetivo de enturbiar» sus actuaciones. A juicio de López Aguilar, el PP intenta convencer a los ciudadanos de que el Ejecutivo no quiere «llegar a la verdad» del 11-M, opinión que el ministro tachó de «ridícula». Los 'populares', explicó, están «permanentemente intentando enredar en este asunto para sembrar confusión y desconfianza» y «juegan a intentar que la legislatura avance sin que se produzca el juicio». Su intención última, indicó, es «no mirarse en el espejo de sus propias patrañas, que ya duran demasiado». Confusión La vicepresidenta, que además es juez, recalcó que el CGPJ es un «órgano político» y que, como tal, su función es «discutir de política y hacer política». Por ello, le lanzó a sus vocales un aviso en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: «Hay que hacer política, pero no confundir las funciones del órgano político de los jueces con la función jurisdiccional, son cosas distintas». En línea con las tesis del ministro de Justicia, Fernández de la Vega consideró que en la investigación del 11-M «algunos tienen un interés muy especial en que todo parezca enmarañado o confuso, o en dilatar algunos procedimientos» para que los ciudadanos «pierdan la fe en las instituciones» o para provocar en la sociedad «una cierta fatiga civil». No obstante, la número dos del Ejecutivo se mostró convencida de que eso «no va a ocurrir» y de que «las instituciones van a funcionar». La vicepresidenta dejó claro que las cuestiones judiciales no competen al Ejecutivo, y que la Justicia tiene sus propios procedimientos, que deben ser respetados por todos. El sumario del 11-M «está avanzado», aseguró, y confió en que el juicio se celebre «en un tiempo razonable, como estaba previsto». «Algunos tienen un interés muy especial en que todo parezca enmarañado o confuso» M.T. FERNÁNDEZ DE LA VEGA Vicepresidenta primera