Recibidas 65 llamadas de auxilio en un año

«El teléfono es seguridad», asegura el jefe de la Policía Local Martín Muñoz. Por eso no es fácil que las mujeres se desprendan de su protección, aún después de que haya pasado la situación objetiva de riesgo. Al menos esta es la experiencia del Ayuntamiento de León, que tiene el programa desde abril de 1999. Lo inició con 15 teléfonos y ahora son casi un centenar las que están conectadas por un sistema telefónico u otro. Sin embargo, las llamadas de auxilio no son muchas, ya que la media anual es de unas 65. «Les decimos que «abusen» de la policía y llamen antes de que haya agresión», subraya Muñoz. En este tiempo no se han producido situaciones graves de violencia con las mujeres del programa. Es más, se cree que «se ha reducido el nivel de violencia», como se ha visto en algunos casos con personas que entraron con intentos de homicidio. Niveles de riesgo Uno de los objetivos actuales del programa es individualizar el nivel de riesgo de cada mujer para prestarle una atención específica en función del mismo. Actualmente hay diez mujeres que debido al alto nivel de riesgo tienen un sistema de localización mediante GPS altamente preciso. Ni siquiera tienen que hablar. La policía acudirá al lugar donde esté la víctima con sólo ver la señal en la pantalla. En el resto de la provincia, la puesta en marcha de estas medidas va muy por detrás. Así en las tres ciudades con comisaría (León, Ponferrada y Astorga) la policía nacional ha distribuido 15 terminales telefónicas a través de un programa del Ministerio del Interior. Otras 44 mujeres reciben protección a través de teléfonos móviles atendidos por una central de Cruz Roja en Madrid en virtud de un convenio con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de reciente implantación. Fuentes del Gobierno reconocen que la demanda de medios de protección es muy superior en las áreas urbanas que en las rurales, donde se cree que la falta de información y confianza, son factores que no favorecen que las mujeres tomen la iniciativa para pedir protección. «Se pretende que se incremente esa demanda», asegura la Subdelegación del Gobierno, gracias a la colaboración de los servicios sociales, que son el primer punto de contacto de una víctima de violencia con la red de asistencia. En el medio rural, al contrario que en las ciudades, se carecen de recursos como las asociaciones de mujeres especializadas en víctimas de violencia. La Guardia Civil cuenta con un equipo especializado (Emume) en mujer e infancia. La secretaria general de Políticas e Igualdad, Soledad Murillo, afirmó recientemente en Palencia que hay que trabajar en las políticas de igualdad de trato y consideración y evaluar la violencia de género desde la perspectiva de que las mujeres cada vez «denuncian más» y «se arrepienten menos». Soledad Murillo señaló que la violencia de género no puede considerarse solo desde el punto de vista de las víctimas sino que hay que evaluarla porque las mujeres denuncian más, en 2006 ya hay 75.000 denuncias y «no se arrepienten», es decir «cada vez más, las mujeres mantienen la denuncia al agresor y el hecho de no retirarlas indica que la ley funciona», aseguró. A pesar de estos datos, la secretaria general de Políticas e Igualdad apuntó que al Gobierno le preocupa especialmente el hecho de que el 80% de las víctimas de este año no lo hayan denunciado y que del otro 20%, lo que consideró un número considerable, retirase la denuncia o no se acogiera a la orden de protección, lo que impidió que se pudieran aplicar todas las medidas cautelares. También abogó por la presencia de mujeres en los poderes públicos como fuente de igualdad. María Casal ha aprendido a vivir con una orden de alejamiento. Cada mañana, cuando sale a trabajar, toma las precauciones dictadas por la policía: echar un vistazo al rellano de la escalera por la mirilla, mirar a ambos lados de la calle y comprobar que no hay ningún coche con alguien sospechoso dentro, echar siempre la cerradura de la puerta y evitar trayectos en los que se pueda encontrar sola, entre otras medidas. «Pago un alto precio por salvarme, pero es la seguridad de tu propia vida», reconoce esta mujer para quien la imagen de una víctima de maltrato no hay que buscarla en los moratones, sino en las profundas secuelas psicológicas que arrastra: «Tengo mi alma como un rostro herido». Sin embargo, ve útil su testimonio porque «hay mujeres que necesitan saber que pueden ser protegidas». Mirando hacia atrás a su caso -una mujer joven, con trabajo, experiencia y un puesto de responsabilidad en la empresa- tiene la certeza de que hay más víctimas de las que se visibilizan. «No nos gusta el dolor y, sin embargo, lo aguantamos». Nadie lo ve, pero no suelta en todo el camino el teléfono móvil que, con sólo pulsar un botón, daría la voz de alerta en la central de llamadas de la Policía Local de León. Son dos años y medio de «amarga experiencia» y le resta otro tanto de protección. El juzgado condenó a su ex marido a un año de prisión y cinco de alejamiento por propinarle una brutal paliza (un mes de baja por dos costillas rotas y un hematoma en el riñón) a la puerta de su casa. La agresión fue en abril y la orden entró en vigor de inmediato, primero de forma cautelar. Acababan de separarse por iniciativa de él, pero, de lo que cuenta Casal, se comprende que no soportó ver a su ex mujer recomponerse. «Durante los ocho años que estuvimos juntos los malos tratos fueron reiterados, pero nunca quise denunciar, ni siquiera se lo dije a mi familia», explica. Sin embargo, cuando se lo contó a su madre «se alegró y me dijo que me veía cómo me iba consumiendo», añade. «Si mides 1,50 acabas midiendo 0,50 y llegó un momento en que quería salir a la calle y que me atropellara un coche». El juicio se celebra en diciembre. Lamenta que la ley de violencia de género no llegara antes, la hubiera librado de una espera angustiosa de más de siete meses. «Cuando el juez me preguntó qué quería, no lo dudé: una orden de alejamiento de por vida, pero eso no existe, aunque se puede prorrogar», confiesa María Casal (nombre figurado, prefiere permanecer en el anonimato). Su ex marido no entró en la cárcel por carecer de antecedentes penales; no había pasado un mes y ya había quebrantado la orden de alejamiento. Ella misma tuvo que pedir que se ejecutara la pena en suspensión, informada por la oficina de asistencia a víctimas. También exigió por escrito al juzgado penitenciario -«hay que hacerlo así», advierte- para que la avisaran en caso de que el hombre saliera de la cárcel de permiso o en régimen abierto. Siente que ya sabe tanto de leyes como su abogado. Ni siquiera cuando él estaba en la cárcel se sentía segura. El miedo era más poderoso que la razón, pese a las terapias psicológicas a las que se sometió (aún está en tratamiento). Así que decidió poner tierra por medio y cambiar de ciudad. Preparó el traslado mientras él estaba en prisión. León era una ciudad «a la medida» de las necesidades de su familia y era posible su traslado dentro de la empresa (el apoyo que ha tenido de ella, incluso económicamente, ha sido esencial). Tiene dos hijas y ha rehecho su vida con otro hombre. «Tenía que desaparecer; me libré dos veces, pero no tener la misma suerte en una tercera», explica. A partir de entonces y desde que el hombre quedó en libertad, las visitas paternas se celebran en un centro de protección de menores en León. Se sabe bien la lección: «No hay que machacar la imagen paterna», le advirtió una psicóloga infantil, para que tuviera cuidado a la hora de explicar a sus hijas la situación. Ellas no saben nada -su padre estuvo de viaje y no en la cárcel y la casa donde se hacen las visitas es de una amiga, porque el papá no tiene casa en León- pero hacen preguntas y, asegura la madre, María Casal vive aferrada a dos teléfonos: uno con GPS de la Policía Local de León y otro del servicio de teleasistencia a víctimas de violencia de género de Asuntos Sociales, atendido por Cruz Roja en Madrid. Hace tan sólo una semana tuvo que pulsar el botón. Cuando fue a recoger a sus hijas, el ex marido rompió una vez más la orden de alejamiento al acercarse a ella y amenazarla -pese a que intentaron retenerle - cuando fue a recoger a las hijas. Estuvo en comunicación con la psicóloga al otro lado del teléfono hasta que llegó a la oficina de la policía para poner la denuncia. El lunes la ratificó en el juzgado. «Quiero que sepa que cada vez que traspase sus límites, voy a denunciar, ahora sí», dice con aplomo. Lo más duro es que siente que «llevo una doble vida». En el trabajo, la mayor parte del personal no sabe su nombre. Cuando se trasladó a León informó a los abuelos a través de su abogado para que solicitaran judicialmente un régimen de visitas. La petición nunca se ha cursado, pero, un día, cuenta, «me llamaron del colegio y me dijeron que había dos señores que iban a buscar a las niñas». «Me quedé parada y me empezaron a temblar las piernas. ¿Cómo me habían encontrado? Si venían ellos, él también podía venir». También los abuelos tienen mandato de alejamiento. En la provincia, el año pasado fueron dictadas por los juzgados 699 medidas de protección, contenidas en 158 órdenes de protección dictadas por los juzgados leoneses, que pueden incluir desde mandatos de alejamiento a prohibición de comunicación o de volver al lugar donde se produjeron los hechos delictivos. Como se observa en el balance del Observatorio contra la Violencia de Género, en el mundo rural la incidencia de las medidas de protecciónes mucho menor. La estadística recoge que la única víctima mortal (Carrizo) no tenía orden de protección. Lo que no dice es que se la retiró el juzgado de Astorga. DIFERENTE COBERTURA EN CIUDAD Y MEDIO RURAL Policía Local de León Cuerpo Nac. de Policía Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales convenio Cruz Roja