La juez imputa a decenas de trabajadores por la ocupación del Prat
La Guardia Civil interrogará por orden de la juez instructora como imputados a decenas de trabajadores del servicio de tierra de Iberia para averiguar su participación en la ocupación de las pistas del aeropuerto barcelonés de El Prat el pasado 28 de julio, según informaron este jueves fuentes judiciales. Los nueve detenidos durante estos sucesos también serán interrogados por los agentes del Instituto Armado. La protesta paralizó durante horas las instalaciones y el tráfico aéreo en El Prat y retuvo a miles de pasajeros y, además, provocó una fuerte polémica política. Tanto el Partido Popular como CiU criticaron con dureza al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y sobre todo al entonces ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Montilla, por su gestión del conflicto, mientras que la Generalitat gobernada por los socialistas dio su apoyo al Ejecutivo central, pero el presidente Pasqual Maragall reclamó competencias autonómicas en el control de los aeropuertos catalanes como el de El Prat. Durante la ocupación de las pistas del aeropuerto barcelonés los agentes de la Guardia Civil interrogaron en calidad de imputados a un total de 26 empleados, en su mayoría del turno de mañana y a varios trabajadores de los vehículos de transporte de equipaje. Ahora, los trabajadores llamados a declarar por orden judicial, entre los que se encuentra un delegado de la central de origen anarcosindicalista CGT, están acusados de presuntos delitos de sedición y alteración grave del orden público. Según fuentes judiciales, la Guardia Civil deberá interrogar a un colectivo de trabajadores que varía entre 30 y 60 personas. Turno de mañana La mayoría de los nuevos imputados son empleados del turno de la mañana, porque la protesta se llevó a cabo en esta franja horaria. La juez instructora del caso del aeropuerto decidirá si llama a declarar a los imputados una vez que hayan finalizado todo los interrogatorios de la Guardia Civil. En la protesta del pasado 28 de julio las fuerzas de segruidad detuvieron a nueve trabajadores, que están acusados de los delitos de desórdenes públicos, desobediencia a la autoridad, sedición y alteración grave del orden público.