La corrupción urbanística salpica por igual a los municipios del PSOE y del PP

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reclamó ayer «tolerancia cero» hacia la corrupción, al referirse a los últimos casos de irregularidades urbanísticas en distintos ayuntamientos. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Fernández de la Vega aseveró que el Ejecutivo «no está dispuesto a amparar ni a tolerar ninguna forma de corrupción». Mientras tanto, en Madrid continuaron las acusaciones entre el PP y el PSOE por los supuestos casos de corrupción urbanística en los que ambos partidos podrían estar implicados. Según destapaba ayer la cadena Ser, la Junta de Gobierno de Marbella concedió la licencia de primera ocupación al bloque en el que se encuentra la nueva casa de Aznar el 7 de Julio del 2005. Sobre la mesa tenía seis informes de arquitectos, ingenieros y abogados del Ayuntamiento que coincidían en lo mismo: esa parte de la urbanización era ilegal porque no se habían respetado las medidas de las calles ni la altura permitida en los edificios. Los concejales no hicieron caso a ninguno de los informes citados. Al frente de los que tomaron esa decisión estaba la alcaldesa Marisol Yagüe, encarcelada después como consecuencia de la operación Malaya. Murcia también Por otra parte, el fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano (PP) por la recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf. Según la investigación del fiscal, a la que ha tenido acceso El País , el propietario del grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, ganó en dos años 75 millones de euros con el cambio de uso. La recalificación fue aprobada por la Consejería de Medio Ambiente y la de Obras Públicas, cuyo titular es amigo del promotor. La fiscalía ha abierto diligencias también por la recalificación de otro terreno protegido en cuya compra intermedió el cerebro de la trama de Marbella, Juan Antonio Roca. El escándalo urbanístico sacude también al municipio madrileño Tres Cantos. El País publicó ayer la transcripción de unas grabaciones al ex concejal del PP en la localidad Antonio Reino Cortés abandonó el Gobierno municipal porque la alcaldesa concedió la gestión del Plan general de Urbanismo a una empresa constructora privada. En las grabaciones, Reino amenaza con votar en contra del Plan junto al Grupo Mixto si no recibe una comisión a cambio. La Comunidad de Madrid aprobó el nuevo Plan General de Urbanismo de Tres Cantos en mayo del 2003 y el Ayuntamiento quería que lo gestionara un consorcio público. Sin embargo, a comienzos de 2004, el consistorio cambió de opinión, y decidió que se hiciera cargo la empresa privada FCC. Fue entonces cuando el concejal de Sanidad, Festejos, Bienestar Social y Mayor, Antonio Reino Cortés, amenazó con fugarse al Grupo Mixto y votar en contra de sus compañeros para que el plan no saliera adelante. En unas grabaciones suyas, que puede escuchar en cadenaser.com, Reino aseguraba hace dos: «Me he enterado de que hay 30.000 millones... ¿Quién se los va a llevar?». En referencia a los once concejales del Ayuntamiento, decía además: «Somos once, yo quiero mi 11%, como concejal que levanta la mano para que tú te lleves los 30 millones. Estoy como un gilipollas levantando la mano para que tú te lleves 30 kilos. De eso nada...». Antonio Reino se refería a un asesor de la alcaldesa de Tres Cantos, María del Valle de la Poza (miembro de Tres Cantos Unidos, que gobierna gracias al apoyo de PP).