El juez de EE.UU. acusa a España de perder pruebas del «Prestige»

El tribunal del distrito sur de Nueva York que dirime la demanda española por 1.000 millones de dólares contra la empresa que revisó el Prestige da por perdidas buena parte de las comunicaciones electrónicas transmitidas por altos cargos y funcionarios de los departamentos gubernamentales durante la gestión del accidente. El juez Ronald L. Ellis, en un escrito fechado el 2 de noviembre, se refiere concretamente a aquellos correos electrónicos que fueron enviados entre el 12 y el 20 de noviembre del 2002, solicitados en su momento por ABS -la clasificadora que inspeccionó el petrolero- como parte de la fase de intercambio de pruebas. De acuerdo con el juez que lleva el pleito, la Dirección General de la Marina Mercante y Salvamento Marítimo «fracasaron en llevar a cabo una búsqueda efectiva y en el tiempo adecuado de los correos electrónicos de los funcionarios del departamento, lo que debilita la posición de España en la demanda e indica que las pruebas relativas al Prestige fueron probablemente perdidas». En el escrito al que ha tenido acceso Diario de León, el juez recuer-da que algunos ordenadores fueron inspeccionados por primera vez en el 2004, más de un año después de la catástrofe. Al carecer estos departamentos del Ministerio de Fomento de un servidor central en el que se almacenen estas comuni-caciones, es probable que muchos funcionarios borraran los correos electrónicos. «Culpa» española En cualquier caso, el juez Ronald L. Ellis culpa de esta situación a la Administración española, por no realizar una búsqueda de correos «diligente» o por no haber ordenado que se conservaran todos los elementos de prueba relacionados con la gestión de la crisis, «necesarios para que el tribunal tenga una visión completa de uno de los mayores vertidos marinos de la historia». Así, se recuerda que el director de Telecomunicaciones de Salvamento Marítimo, Fernando Bregon, dio «tardíamente» la orden de preservar los correos electrónicos referidos al Prestige : el 29 de enero del 2004, más de un año después del accidente. El juez recuerda, además, que España debe dejar de poner objeciones a la presentación de pruebas y que tiene la obligación de preservarlas, pues debe someterse a las normas procesales estadounidenses por el hecho de haber presentado la demanda en ese país. También recuerda que esta conducta es sancionable. ABS, por su parte, va más allá y da por hecho que los correos electrónicos que darían pistas sobre cómo se tomó la decisión de alejar el barco fueron destruidos. De hecho, denuncian que España sólo ha presentado nueve correos de los días clave de la crisis. El Gobierno español, por su parte, alega que el uso del correo electrónico en estos departamentos no estaba tan generalizado como ahora. El escrito del juez Ronald L. Ellis supone un severo varapalo a las aspiraciones españolas de ganar un pleito en el que se juegan 1.000 millones de dólares. La dureza del texto lleva incluso a que el juez considere «no creíbles» y «contradicto-rios» los testimonios de tres altos funcionarios que declararon en la audiencia que se celebró en Nueva York por el asunto de los correos.