Mujeres, jueces?y Gobierno piden tiempo para que la leymuestre su eficacia

Dos años no es nada frente a siglos de machismo bien arraigado en el sustrato social colectivo. La ley integral contra la violencia de género está a punto de cerrar su segundo año de vigencia y lo hace con el regusto amargo de una nueva sangría de mujeres muertas a manos de sus maridos, novios o ex parejas; 61 hasta la fecha, más que en todo el ejercicio pasado. No es culpa de la ley, positiva, dicen Gobierno, juristas y colectivos de mujeres, pero hace falta tiempo para que surta efecto. También son imprescindibles más presupuesto y medios, policiales, judiciales y ayudas asistenciales para las víctimas, añade el PP. La ONU declaró el 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Jornada para analizar la lucha social e institucional contra una lacra que este año se ha cobrado en España la vida de 85 mujeres; de ellas, 61 víctimas directas de la violencia de género, aquélla que ejercen hombres sobre las mujeres que les quieren o les quisieron, y a las que consideran de su propiedad. Según los datos oficiales, más de dos millones de españolas sufren este infierno cotidiano. El balance de mujeres asesinadas empeora las estadísticas del año pasado y el Gobierno, aunque pide que no se mida la eficacia de una ley pionera en el mundo por las necrológicas, ha acusado recibo. «Ha habido fallos», admitió el jueves la vicepresidenta. De la Vega anunció la aprobación del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención y nuevas campañas institucionales para dar a conocer los mecanismos de ayuda -social, jurídica, policial...- y protección a que tienen derecho y acceso las maltratadas. El plan, previsto en la ley integral, «debía haberse aprobado hace meses», censura Susana Camarero, diputada del PP, porque «sin ese plan, toda la parte preventiva y de conciencia social, tan importante, no se pone en marcha». Es en las filas populares donde se oyen las voces más críticas.«La ley no funciona», proclamó esta semana Mariano Rajoy. La ley no es el problema, matiza Camarero, ponente de la norma aprobada por unanimidad en el Congreso. «esta ley carece de medios suficientes, materiales y humanos, para poder aplicarse».