El 70% de las asesinadas no había denunciado a su agresor

La ley también cojea en otros flancos: Faltan policías para espantar a los maltratadores y mantener a salvo a todas las mujeres en riesgo, y los juzgados especializados en violencia de género -21 con dedicación exclusiva y 417 con competencias compartidas-, están siendo víctimas de su propio éxito. Insuficientes y saturados de trabajo casi desde el primer día, han tramitado más de 100.000 denuncias en lo que va de año. Las cifras ofrecen enfoques positivos y pesimistas. El aumento constante de las denuncias demuestra que la cosa marcha. Otros datos indican que la cosa no va tan bien. Que el 70% de las mujeres asesinadas este año por sus parejas no hubiera presentado una sola denuncia contra quien acabó por matarlas significa que, pese a toda la presión social e institucional, sólo aflora una mínima parte de la violencia de género. Significa que son las mujeres que no denuncian y activan la maquinaria judicial de protección las que están más expuestas a morir en silencio. Y también que, a veces, en un tercio de los casos, ni siquiera el recurso a la Justicia las salvó de su victimario. Las asociaciones feministas, verdaderas inspiradoras de la ley, la defienden a capa y espada. «Sabíamos que no iba a ser una ley milagrera», dice Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, pero denuncia una «ofensiva» contra la norma por parte de sectores de la judicatura, de la política y de sectores sociales conservadores que piden su derogación a la vista de su supuesta ineficacia.