Chávez rectifica y asegura a España que no nacionalizará a etarras

Hugo Chávez garantizó ayer a España que no concederá la nacionalidad a los cuatro miembros de ETA que pretendían evitar su extradición a España ni concederá indemnización alguna a otros dos etarras entregados a la justicia española en 2002. El Ejecutivo venezolano admitió ante la embajada española en Caracas que el acuerdo para favorecer a los presuntos terroristas existe, pero aseguró que se produjo «de espaldas al Gobierno central» y que no cuenta con su autorización. La respuesta del dirigente sudamericano llegó a última hora de la tarde, después de que el Gobierno español tratara sin éxito durante horas de aclarar lo ocurrido. El Ministerio de Exteriores optó por exigir «explicaciones urgentes» y «en su caso una rectificación» a través del embajador Raúl Morodo, que finalmente fue escuchado. La noticia del acuerdo suscrito por el gobierno de Caracas con los abogados de los dos terroristas extraditados llegó ayer a la prensa española, cuando Zapatero se encontraba de viaje en Senegal para sellar con el presidente Abdulayé Wade los acuerdos alcanzados en los últimos meses en materia de inmigración. La primera reacción del jefe del Ejecutivo fue de cautela. En una rueda de prensa, pidió tiempo para comprobar la veracidad de las informaciones y evitó pronunciarse sobre las posibles repercusiones diplomáticas de una actuación semejante. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sí advirtió en cambio desde Bruselas que España consideraría «inaceptable» el trato favorable a los etarras. Conversación con Chávez Se da la circunstancia de que el presidente del Gobierno había hablado y felicitado por teléfono a Chávez este mismo lunes, tras su victoria en los comicios del domingo. Entonces aprovechó para desearle éxitos en su gestión -según asegura el Ejecutivo- y ni conocía ni sospechaba la intención de Venezuela de conceder la nacionalidad a Eugenio Barrutiabengoa, Lorenzo Aiestaran, Jesús Ricardo Urteaga y Miguel Ángel Aldana, y de compensar a Sebastián Etxaniz Alkorta y Juan Víctor Galarza Mendiola con 3.500 euros por haber permitido su entrega a España. Fuentes del Ejecutivo justificaron la «prudencia» del presidente del Gobierno en sus «dificultades» iniciales para confirmar la información con las autoridades de Venezuela. La Moncloa apuntó como motivos de esta tardanza la diferencia horaria con el país sudamericano y el ajetreo en el que está sumido estos días un país entregado a los fastos por la reelección de Chávez. Zapatero se limitó así a asegurar que el Ministerio de Exteriores estaba realizando las «gestiones oportunas» para conocer el «alcance» y la «exactitud» de los sucesos y a garantizar que en su momento tomaría la «iniciativa» correspondiente. Lo que no se ha aclarado es qué consecuencias tendrá para las relaciones entre España y Venezuela este episodio. En cualquier caso, lo ocurrido tendrá ya consecuencias judiciales. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ordenó ayer la revisión, juzgado por juzgado, de todas las causas abiertas contra los etarras residentes en Venezuela. Se trata de saber si aún es posible reclamar su extradición. La mayor parte de estos terroristas salieron de España en los ochenta por lo que algunos de sus delitos podrían haber prescrito.