Zapatero y Rajoy impulsan un pacto para desatascar el Constitucional

La entrevista en La Moncloa del presidente del Gobierno con el líder de la oposición, el viernes pasado, no sirvió para acercar posiciones en política antiterrorista pero tuvo, al menos, la virtualidad de desbloquear la negociación entre populares y socialistas para agilizar el funcionamiento del Tribunal Constitucional, atascado de asuntos pendientes. Los dos partidos mayoritarios confían también en alcanzar próximamente un acuerdo para reformar la legislación del Tribunal Supremo. Portavoces del PP y el PSOE aseguran que la reforma para aligerar el trabajo del Constitucional ha recibido un impulso decisivo en el reciente encuentro de José Luis Rodríguez Zapatero con Mariano Rajoy, lo que permitirá alcanzar un pacto el mes próximo. El diálogo se había interrumpido a causa del acuerdo del PSOE con los grupos minoritarios para permitir que el Senado elija los miembros del tribunal a propuesta de las asambleas autonómicas. Cuando los grupos parlamentarios introdujeron esta enmienda en el trámite de ponencia de la norma en el Congreso, el PP reaccionó con acritud. El secretario general, Ángel Acebes, acusó a los socialistas de «deslealtad» y denunció la maniobra como «un atropello» de Rodríguez Zapatero para «ocupar la institución encargada de proteger la Constitución». La negociación para el acuerdo que mantenían los grupos parlamentarios mayoritarios, al hilo de la tramitación de la ley, quedó congelada hasta que sus respectivos líderes volvieron a impulsarla el pasado viernes. Ahora, populares y socialistas restan importancia al incidente y coinciden en que la propuesta de las Comunidades Autónomas no limita la capacidad de los partidos para elegir a los magistrados, como han venido haciendo hasta ahora. Filtros Fuentes de ambos partidos están de acuerdo en que la reforma es perentoria porque el Constitucional está bloqueado a causa de la ingente cantidad de recursos de amparo que recibe, lo que le impide resolver con rapidez los recursos de inconstitucionalidad. «Ahora hay voluntad de llegar a un acuerdo», afirman en plena sintonía portavoces del PP y el PSOE. «Hay que desatascar el Tribunal Constitucional» afirma el responsable del grupo socialista, Diego López Garrido. «Tenemos que poner un filtro para los recursos de amparo», añade y explica que se arbitrarán mecanismos para que este trámite se sustancie en otros tribunales a fin de que sólo lleguen al Constitucional «los grandes casos para fijar doctrina». López Garrido asegura que, en los primeros años de democracia, la función de este tribunal, para la aplicación de la Constitución a través de los recursos de amparo, fue fundamental pero señala que 30 años después la carta magna está consolidada y esta labor le debe corresponder a los órganos ordinarios. Se trata de lograr que el Constitucional se dedique, preferentemente a fijar doctrina a través de los recursos de inconstitucionalidad y los conflictos de competencias entre instituciones. El 95% de los casos que recibe el Tribunal Constitucional son recursos de amparo, de los cuales, un 95% resultan desestimados. «Es una pérdida de tiempo», alega el portavoz socialista, que es partidario de modificar la ley para que el Constitucional no tenga que motivar sus providencias cuando no admite a trámite los recursos. Por otra parte, también se busca una fórmula para que el ciudadano que busque el amparo de este tribunal tenga que justificar que su caso es de interés constitucional. De lo contrario, el resto de los asuntos habrán de ser estudiados por los tribunales ordinarios. En el trámite de ponencia se han incorporado al proyecto de ley de reforma numerosas enmiendas de todos los partidos, incluido el PP, y los grupos parlamentarios acordaron en diciembre aplazar a febrero el inicio de los trabajos en la comisión de Justicia del Congreso para facilitar el acuerdo. Así, el pacto podrá sellarse el próximo mes de enero y antes de que empiece el nuevo periodo de sesiones a mediados de febrero para agilizar su aprobación porque el deseo de los autores es que la norma entre en vigor en esta legislatura. Deseo determinante Por el momento, el principal escollo que suponía la exigencia del Grupo Popular de recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad parece haberse superado y quedará para mejor ocasión. El deseo de todos los magistrados del Constitucional - sin distinción de tendencia ni de asociación profesional- de que el proyecto salga adelante cuanto antes ha sido determinante para que los partidos políticos asuman la necesidad del acuerdo. Por otra parte, los grupos parlamentarios buscan también un punto de encuentro para avanzar en la Ley Orgánica del Poder Judicial que está actualmente en plazo de enmiendas en el Congreso y podría ser discutida en ponencia en el mes de febrero. «Tiene que salir adelante porque queda un año de legislatura», dicen los socialistas que aprecian en el PP una manifiesta voluntad de acuerdo. En este caso, se trata de diseñar la creación de la oficina Judicial y marcar los límites de los recursos de casación a fin de liberar de trabajo al Tribunal Supremo en pro de los tribunales de justicia autonómicos. Los dos partidos mayoritarios están de acuerdo en que el Supremo resuelva la casación de los asuntos de la legislación estatal y europea mientras que los tribunales superiores de justicia de las comunidades se encarguen de los referidos a las normas autonómicas.