Incapacitan a una mujer de Barcelona para formular denuncias por maltrato

Un juzgado de la localidad barcelonesa de El Vendrell ha declarado incapacitada para ejercer acciones judiciales a una vecina de esta población, después de que en los últimos diez años haya presentado una cuarentena de denuncias por maltrato contra su ex compañero sentimental, la mayoría de las cuales se han archivado. La mujer, María Antonia Navales, está desde el pasado mes de junio incapacitada para acudir a los tribunales sin la asistencia de un «curador» o tutor legal, de acuerdo con una sentencia dictada por el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona). El juez acordó inhabilitar a María Antonia Navales a raíz de una demanda presentada por la Fiscalía, «a la vista de las numerosísimas denuncias presentadas por ésta», según la sentencia, que advierte de que no se puede permitir que, por su enfermedad, la mujer «presente denuncias infundadas, y por lo tanto no verdaderas, contra su ex compañero sentimental o cualquier otra persona». En sus informes, los forenses indicaron que Navales sufría un trastorno paranoide que se caracteriza por la existencia de ideas falsas que el sujeto vive como reales. La defensa ha rechazado esos informes por considerar que son totalmente incompetentes para sacar conclusiones sobre la salud mental de su defendida, y contrapone los realizados por otros médicos y de los que se deriva que María Antonia Navales sufre el síndrome del maltrato a la mujer. Rosselló precisa que de los informes aportados por la Fiscalía, sólo uno de ellos fue realizado por un especialista en psiquiatría o psicología. Su abogada ha recurrido Angels Rosselló, abogada de Navales, ha recurrido la sentencia ante la Audiencia de Tarragona alegando que ha sido declarada incapacitada «por interés del juzgado», al que su cliente le resulta «molesta» por la gran cantidad de denuncias que ha presentado, sin que su veracidad se haya llegado a investigar de forma rigurosa. «Si existiera un interés o una preocupación por la señora Navales (...) se habría instado su incapacidad para otros ámbitos de su vida, económicos y/ personales, puesto que es evidente que si una persona no puede comparecer en juicio sin asistencia de curador, tampoco puede gravar bienes inmuebles o tomar dinero en préstamo». En los últimos diez años, María Antonia Navales ha presentado cerca de 40 denuncias por maltrato y amenazas contra su ex pareja, M.R., la mayoría de las cuales se han archivado por falta de pruebas, aunque iban documentadas con los correspondientes partes médicos, según la defensa. La única que sigue abierta es la querella por maltrato que presentó en abril del año 2005 y que el juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell, el mismo que la incapacitó, sigue investigando aunque, transcurridos 20 meses, aún no ha tomado declaración al denunciado pese a que hay un testigo de la agresión. Para Rosselló, en este caso se están produciendo «intolerables dilaciones», aun tratándose de un maltrato, y el juez instructor ni siquiera se ha inhibido a favor del juzgado de El Vendrell especializado en violencia doméstica, como establece la ley. El juez admite en su sentencia que Navales «tiene derecho a solicitar el auxilio de los tribunales ante los delitos de que haya sido víctima», pero considera que las reiteradas denuncias presentadas no sólo inciden «en el normal desarrollo de la actividad judicial, sino que somete de forma injustificada a instrucción penal a personas que no han cometido delito alguno». Y recuerda el fallo que Navales, «debido a su enfermedad, no sólo denuncia a su ex pareja, sino que además tiene conflictos judiciales con vecinos y con personas que han realizado diferentes trabajos en su domicilio (...)». De hecho, el próximo 7 de febrero en los juzgados de El Vendrell se celebrará un juicio a raíz de una demanda que los vecinos de María Antonia Navales presentaron contra ella después de un incendio que se originó en sus viviendas. La letrada solicitó al juzgado que suspendiera el proceso, teniendo en cuenta la incapacitación parcial de su demandada para acudir a los tribunales, pero éste se lo denegó. En diez años, la ex pareja de la acusada recibió cuarenta denuncias por maltrado, de las que ninguna salió adelante.