Espiral de consecuencias Una redada de pesadilla La Fiscalía recurre la absolución de Vicario Setién

LA JUSTICIA señala a las organizaciones juveniles de la izquierda aberzale como terroristas. Las policías tienen orden de búsqueda y captura. Las calles de Euskadi serán escenario de violentas protestas. Hasta aquí la secuencia de hechos visibles e inmediatos. Pero hay que prever otras consecuencias. El impacto en Batasuna, ahora que estaban en plena contestación a la ETA que puso la bomba en Barajas. El impacto en la propia ETA, que parece dividida entre los seguidores de Ternera, partidarios del proceso, y los de Txeroki, que deseaban volver a la lucha armada para aglutinar a su entramado. Siempre hemos visto que las polémicas internas del mundo radical que tutela ETA se zanjan con atentados. Tras el bombazo del 30-D no puede haber paños calientes, aunque para ello figure entre los detenidos una de las personas que estaba junto a Otegi y Echevarría en la comisión negociadora de la mesa de Partidos. Temo que la espiral acción-reacción se haya puesto en marcha y nada sea capaz de pararla. El preámbulo de la operación se desarrolló tal y como estaba previsto para impedir la fuga de los acusados: minutos después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo hiciera público a las 12:45 horas el fallo que implicaba el ingreso en prisión de los procesados, la Audiencia Nacional fue avisada de manera verbal para que dictara de inmediato las órdenes de búsqueda y captura. La Sección Cuarta de este tribunal, la misma que dictó la sentencia ahora anulada, tardó diez minutos en firmar los mandamientos de arresto de los encausados y enviar los 23 oficios a los tres cuerpos de seguridad, en los que figuraban hasta 27 direcciones donde encontrar a los condenados (8 en Guipúzcoa, 8 en Vizcaya, 7 en Álava y 4 en Navarra). Sin embargo, las ordenes de captura no llegaron a la Ertzaintza, la Policía y la Guardia Civil hasta las 15.00 horas. Para entonces, los operativos ya sabían que la redada iba a convertirse en una verdadera pesadilla. Sólo la Guardia Civil logró detener a dos de los buscados: la pareja formada por Amaia Arrieta González, la tesorera de Jarrai en Guipúzcoa, e Igor Ortega Sunsundegi, jefe nacional de Jarrai. Ambos fueron arrestados en su domicilio. Fuentes de la investigación reconocen que la captura fue posible no por mérito de los agentes, sino porque los novios decidieron no huir. Otros de los condenados, Iker Frade Bilbao, responsable de Segi, no pudo unirse a la fuga masiva de sus compañeros: había sido detenido por la 'Ertzaintza' el jueves en Bilbao por pegar adhesivos de apoyo al preso etarra de Iñaki de Juana Chaos en un autobús de la capital vizcaína. Descoordinación Conforme avanzaba la operación conjunta contra Jarrai, los mandos del despliegue conjunto comenzaron a preocuparse ante la evidente descoordinación: un mismo domicilio de Guipúzcoa, del que ya había huido el activista buscado, fue visitado en diferentes momentos por agentes de los tres cuerpos. En varias viviendas de Vizcaya, funcionarios de la Ertzaintza tuvieron la oportunidad de saludarse con sus compañeros de la Guardia Civil; unos y otros se marcharon con las manos vacías. Responsables de la lucha antiterrorista no ocultaron su preocupación por el «fracaso» del operativo, sobre todo teniendo en cuenta que el Supremo había alertado de que el fallo se iba a hacer público este viernes. La Fiscalía considera que la Sala que absolvió a Gregorio Vicario Setién en relación con el secuestro del empresario José María Aldaya actuó de forma arbitraria y con «manifiesta irracionalidad», al no valorar un informe sobre muestras genéticas del etarra recogidas en el zulo donde estuvo retenido. En el recurso remitido al Tribunal Supremo, la Fiscalía pide que anule la sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional y devuelva la causa al tribunal para que admita como prueba ese informe pericial, en el que «se hace constar que el perfil genético registrado a Gregorio Vicario Setién con su consentimiento se corresponde con máxima fiabilidad con el recogido en una maquinilla dentro del zulo». La Audiencia Nacional absolvió al etarra después de que ni el fiscal ni la acusación, que ejercía la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), presentaran en el juicio dicho informe, aunque se encontraba en el sumario.