Diario de León

Interior aparta tres meses a los líderes de la marcha de la Guardia Civil

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Melchor Sáez-Pardo - madrid
León

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El Ministerio del Interior ha apartado durante tres meses de manera cautelar del servicio a los dos dirigentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que intervinieron como oradores al término de la manifestación celebrada el pasado sábado por el centro de Madrid. Ese acto convocó a 3.000 agentes en la Plaza Mayor, en su mayoría uniformados y con tricornio para reclamar la desmilitarización del cuerpo. Fuentes del instituto armado informaron que el director de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, ha decidido sancionar al secretario general del colectivo, Joan Miquel Perpinyá, y a su 'número dos', Juan Antonio Delgado, con el más duro castigo administrativo posible: un expediente gubernativo por «falta muy grave» en aplicación del artículo 9.9 del reglamento disciplinario (conductas gravemente contrarias a la disciplina, servicio o dignidad de la institución). Perpinyá y Delgado, que por el momento pasarán tres meses suspendidos de empleo a la espera de que se resuelva el expediente, se enfrentan ahora a la expulsión del cuerpo, a la degradación e, incluso, a la cárcel. La apertura de un sumario muy grave conlleva la inmediata comunicación del hecho a la Fiscalía Militar, que podría intervenir si considera que la manifestación de la Plaza Mayor constituyó en realidad un delito como el de sedición, que está penado con hasta 15 años de prisión. AUGC celebrará este sábado una asamblea general extraordinaria en Madrid para analizar los pasos a dar ante las primeras sanciones por la manifestación de la pasada semana. Sin inquietud El Gobierno, a su vez, descartó que los castigos vayan a motivar nuevas protestas o que generen malestar en el cuerpo. La vicepresidenta primera señaló que no veía razón para «ninguna inquietud» porque el Ejecutivo «cumple sus compromisos» con la Guardia Civil tanto en el terreno «retributivo» como en el «estatuto de su mejora personal». Por tanto, comentó María Teresa Fernández de la Vega tras la reunión del Consejo de Ministros, hay «tranquilidad porque no hay motivo» para no tenerla en este caso.

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