Los fiscales sancionarán a los alcaldes y no a los vecinos en caso de fraudes en el censo

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Manuel Martín-Granizo, anunció ayer en León que los fiscales de la comunidad sancionarán a los alcaldes y no a los vecinos implicados en el caso de que se descubra algún supuesto de fraude en el censo electoral. La medida responde a la aparición de irregularidades en el número de habitantes de poblaciones correspondientes al menos a cuatro provincias de la comunidad, con el objeto de modificar el mapa electoral, para influir en las inminentes elecciones. Las manifestaciones se produjeron en el transcurso de la Junta de Fiscales de Castilla y León, que se celebró a mediodía de ayer, bajo la tutela de la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de León, Lourdes Rodríguez. «La valoración previa deberá realizarla el Instituto Nacional de Estadística», señaló Martín Granizo «y de acuerdo a su informe, procederemos. Se trata de empadronamientos ficticios, que con la modificación penal que se introdujo en la ley, ahora ya no es un delito de falsedad documental, sino ideológica, con lo que la sanción es meramente administrativa. Sin embargo, se entiende que los alcaldes son los responsables, y por tanto, el peso de la ley recaerá sobre ellos». Martín-Granizo reconoció que las irregularidades detectadas «ya no tendrán efecto en estas elecciones, porque nos falta tiempo para poder actuar. Únicamente nos quedarían como supuestos que podrían dar lugar a alguna irregularidad penal los de los alcaldes que incumplan de manera flagrante la obligación de comprobación que les impone la propia normativa en la materia del Reglamento de Población y una Orden Ministerial de 1986». En lo tocante al resto de las materias abordadas en la reunión, el fiscal jefe de la autonomía destacó la especial sensibilidad con la que se penalizará la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol, y problemas relacionados con asuntos de extranjería. Rechazó que se hubiera abordado en momento alguno la nueva consideración de delito que tendrán a partir de ahora las agresiones a los profesionales de los centros sanitarios «porque par a eso Sacyl ya tiene su propio protocolo, y nosotros nos preocupamos de todos los trabajadores públicos, no solo de los de los centros sanitarios». Finalmente fijó un plazo medio para solucionar los problemas de fiscales que acucian a la provincia: «Se arreglará cuando se determine el traslado forzoso con los ascensos, pero mientras tanto, será un poco complicado».