Otegi, a prisión tras una operación relámpago para evitar su huida

Arnaldo Otegi ingresó ayer en la prisión donostiarra de Martutene después de que el Tribual Supremo ratificara su condena de 15 meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo en el homenaje al ex jefe militar de ETA José Miguel Beñarán, Argala , en el 2003. Los cinco jueces que forman la Sala de lo Penal del alto tribunal, presididos por Juan Saavedra, decidieron rechazar por unanimidad el recurso de casación presentado por el portavoz de la ilegalizada Batasuna contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el 27 abril del 2006, que lleva aparejada su inhabilitación durante siete años y tres meses para ocupar cargos públicos. Rapidez y discreción La operación para detener y encarcelar a Otegi se llevó a cabo con extraordinaria rapidez y máxima discreción. El Supremo envió un mensajero que entregó en mano -sobre las 11.25 horas- el fallo al magistrado Alfonso Guevara, presidente de la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, que en su día condenó a Otegi. La sala dictó inmediatamente una providencia para que fuera detenido y encarcelado.Guevara explicó en unas declaraciones que se había actuado con la máxima celeridad para evitar que el líder radical huyese o cometiera un nuevo delito, ya que en el momento de la detención se dirigía a un hotel de San Sebastián para dar una rueda de prensa. Guevara reconoció que ya había acordado con sus dos compañeros de sala que Otegi iría a la cárcel si el Supremo ratificaba su condena. La policía recibió la providencia de la Audiencia y detuvo al líder batasuno en el polígono Belartza (Guipúzcoa) poco antes de las 12 de la mañana. Agentes de la policía secreta lo vigilaban desde el día anterior para impedir una posible fuga. A la una de la tarde ya estaba en la cárcel de Martutene. El encarcelamiento tiene lugar tres días después de que ETA anunciase el fin de su alto el fuego permanente y sólo dos más tarde de que el etarra José Ignacio de Juana Chaos volviera a la cárcel. Sin embargo, el juez Guevara descartó tajantemente que la nueva situación política influyera en el fallo. «Es simplemente una decisión judicial, y ya creo que me conocen suficientemente, la situación política no influye para nada, es ajena completamente a la aplicación del Código Penal», aseguró el magistrado, que también forma parte del tribunal que juzga los atentados del 11-M. Dos opciones posibles La Audiencia Nacional tenía dos opciones tras la ratificación de la condena por el Supremo, dado que la pena es inferior a los dos años: ejecución inmediata o suspensión condicionada a que no cometiera nuevos delitos. Los magistrados se decantaron por la primera, basándose en que el Código Penal justifica el encarcelamiento atendiendo a la «peligrosidad criminal» del condenado y a sus antecedentes. Otegi tiene una condena en firme, aunque suspendida, por injurias al Rey, y cuatro causas pendientes, por lo que cumplía esos requisitos. Salvo que prospere su recurso al Constitucional, Otegi tendrá que cumplir los 15 meses de cárcel, pues el Código Penal de 1995, por el que se le juzgó, no contempla redenciones de penas. La única posibilidad de que Otegi abandone la cárcel es el Tribunal Constitucional. Cuando el Tribunal Supremo notifique el texto de la sentencia, la defensa de Otegi podrá plantear un recurso de amparo en el que le pedirá, como medida cautelar y urgente, que deje en suspenso la ejecución de la condena hasta que se resuelva la impugnación. El Tribunal Constitucional tiene como costumbre excarcelar a condenados a penas inferiores a cinco años, pero para que se produzca una suspensión de la pena el recurso debe ser admitido a trámite, cosa que no ocurrió con el que Otegi planteó contra la sentencia firme por injurias al Rey, que fue rechazado de plano.La ratificación de la sentencia por el Supremo no afecta a la suspensión cautelar de la condena de un año de cárcel por injurias al Rey que en el 2006 acordó el TSJPV. Sólo tendría que cumplir estos 12 meses si en los tres años de suspensión de la pena Otegi comete algún nuevo delito.