Las acusaciones particulares apuntan los fallos que hicieron posible el 11-M

El mayor juicio de la historia de nuestro país toca a su fin. Atrás quedan 45 sesiones que sólo han servido para variar en cuestión de detalles las posiciones de partida de las partes acusadoras que, en buena medida, coinciden con las que sostienen los distintos sectores sociales que han seguido a través de los medios el devenir de los acontecimientos desde aquella trágica mañana del 11 de marzo del 2004. Mientras unas acusaciones se empeñan en sostenella e non enmendalla , otras aprovechan su escrito de conclusiones definitiva para realizar un análisis crítico de las circunstancias objetivas que hicieron posible la tragedia del 11-M o que, al menos, impidieron evitarla. Tal es el caso del abogado Gonzalo Boye, que acusa en nombre del hijo y la viuda de una víctima de origen chileno. Este letrado, que llegó al juicio estigmatizado por su pasado -en su juventud, estando exilado en España como militante del MIR chileno, fue detenido, juzgado y condenado por su participación como carcelero en el secuestro de Emiliano Revilla, llevado a cabo por ETA en el año 1988-, ha ejercido una de las acusaciones más contundentes y combativas que complementó de forma clara la sustentada por la fiscalía. Gonzalo Boye, tras dejar claro que «los responsables penales de estos hechos no son otros que los aquí acusados, así como quienes se inmolaron en Leganés, y quienes se encuentran huidos o incorporados en otros procedimientos o pendientes de identificar», apunta que la tragedia no fue fruto de la casualidad, ni del destino. «No podemos olvidar -dice- que se han cometido una serie importante de fallos, imprevisiones, negligencias, falta de marco normativo, carencia de recursos humanos y materiales, etcétera, que hacen necesario plantearse que, sin los mismos, los hechos objeto de este procedimiento o no habrían sucedido o, de haberlo hecho, lo serían de muy distinta y, tal vez, minorada forma». Según esta acusación, en este procedimiento «son múltiples los ejemplos que acreditan que el Estado ha fallado, principalmente porque poseían suficiente información como para, al menos, haber intentado evitar los atentados. Se conocía la existencia de grupos extremistas yihadistas, algunos de los cuales estaban siendo investigados antes, durante y después de los atentados». El explosivo Añade que «también se conocía la existencia de un grupo de personas, en Asturias, que tenían intención de colocar en el mercado una importante partida de explosivo y no se le dio la relevancia necesaria a la información, no se pusieron los medios oportunos para investigarla y, sobre todo, no se coordinó a los diversos cuerpos y unidades de Policía y Guardia Civil como para alcanzar la visión necesaria de la relevancia que tenían tales datos». Lo anterior, a su juicio, guarda una relación directa con el deficiente marco normativo existente hasta la fecha de los atentados en relación con el control de explosivos y, junto con ello, la escasez absoluta de medios materiales y humanos para la realización de un acabado control de los mismos. También denuncia la falta absoluta de atención a la propia información que se manejaba, tanto por los servicios de inteligencia como por los policiales, sobre la nueva situación de España en el plano internacional y «la absoluta descoordinación a alto nivel entre la Policía y la Guardia Civil». Casi nada.