Las asociaciones reclaman plazas de emergencia para maltratadas en León

León cuenta con tres casas de acogida para víctimas de malos tratos que acogen a mujeres y menores de toda la comunidad e incluso de provincias de otras comunidades, pero carece de plazas de emergencia para las urgencias que se producen en la capital. Cubrir este déficit en la atención a las víctimas de violencia de género es una de las mejoras solicitadas por las asociaciones de asistencia a la Junta, con cuyo responsable de Familia en León, Guillermo García, se han reunido en dos ocasiones en las últimas semanas. Las tres casas de acogida y pisos tutelados que existen en León están gestionadas por asociaciones sin ánimo de lucro y forman parte de la red pública de asistencia víctimas de malos tratos en la comunidad. Se trata de la casa de acogida de la asociación Simone de Beauvoir, del piso tutelado de la asociación de Madres Solteras Isadora Duncan y de otra casa gestionada por la Asociación Leonesa de Caridad. Pero el centro de emergencias más cercano está en Ponferrada, en un piso gestionado por Cruz Roja. Las asociaciones han puesto de relieve las dificultades que ocasiona a las víctimas de malos tratos que necesitan una atención urgente el traslado a Ponferrada, lo que en muchas ocasiones supone cambiar de colegio a sus hijos o hijas, abandonar su trabajo o renunciar a la asistencia pública. Más recursos económicos La Policía Local de León ha tenido que recurrir en casos de emergencia a pensiones y hoteles para garantizar la protección de mujeres agredidas, cuyo caso no podía esperar a la reunión de la comisión provincial que decide los ingresos en casas de acogida. «Dotar de plazas de emergencia a una casa de acogida es muy costoso, porque supone disponer de personal para prestar una atención de 24 horas y nosotras carecemos de medios para afrontarlo», reconoce María Jesús Blanco, trabajadora social de los programas para víctimas de maltrato en Simone de Beauvoir. Los colectivos que viven con las mujeres el día a día de su tragedia también reclaman más efectividad de los recursos sociales existentes para las víctimas de violencia de género. Alguno de los problemas que han detectado es la larga espera a que se ven sometidas las mujeres con menos recursos para cobras ayudas como la renta activa de inserción o el IMI, puesto que «aunque los juicios son rápidos, las sentencias tardan y la ayuda no es reconocida sin sentencia», indican. Asimismo, ven poco eficaces algunos servicios de asesoramiento jurídico, que sólo ofrecen información mientras la mayoría de las víctimas realizan la denuncia sin asistencia letrada. Respecto a la adminsitración de justicia también echan en falta una mejor organización de la oficina judicial, que tenga en cuenta la situación de las víctimas: «Muchas veces son citadas al mismo tiempo que sus agresores, pese a que tengan orden de alejamiento», añade Carmen Carlón, presidenta de Adavas La voz de las víctimas también ha sido escuchada por los representantes de la administración central y en concreto por la responsable de la unidad de violencia de género de la Subdelegación del Gobierno, que ha mantenido encuentros, también, con agentes policiales y de la Guardia Civil para mejorar la coordinación en las medidas de protección (hay en la provincia más de 600 mujeres que viven con una orden de protección). La creación de una base de datos común a todos es uno de los objetivos inmediatos de la nueva unidad, que pretende realizar un seguimiento puntual de los casos de más riesgo mediante la aplicación de un programa avalado por la Universidad de Barcelona que cuenta con tres instrumentos para evaluar el riesgo. Sin asistencia rural La atención a las víctimas en el medio rural es otra de las demandas de los colectivos de asistencia a víctimas de violencia de género. «La asistencia psicológica es prácticamente inexistente fuera de las áreas urbanas y las asociaciones no disponemos de medios para prestarla» , subraya Carlón. Casas y pisos en León En Fabero 1 Urgencias Ponferrada 1