La Junta exige que el Gobierno aporte la mitad de las ayudas por los topillos

La Junta de Castilla y León demandó que el Gobierno de la nación establezca una línea de ayudas directas con la que sufrague la mitad de las indemnizaciones destinadas a los agricultores ante los daños causados por la plaga de topillos que afecta a la autonomía, además de la colaboración del Seprona en la quema controlada. Así lo anunció a los periodistas la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, tras celebrar una reunión para abordar la situación generada por la plaga, encuentro presidido por el titular de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y al que también acudieron la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz; el director general de Urbanismo, Ángel Marinero; y el director general de Salud Pública, Javier Castrodeza. La consejera explicó que, en función de los primeros cálculos, la cuantía de las indemnizaciones por financiación directa podría rondar los diez millones de euros, de los que reclamó que la administración central aporte la mitad, y precisó que, por el momento, se han registrado más de 6.000 solicitudes para ayudas correspondientes a unas 220.000 hectáreas. Clemente aseguró que ésta tiene que ser la colaboración del Gobierno porque «creemos que es una aportación justa», ya que el Gobierno central «ha aprobado un plan de indemnización al olivar andaluz y esta daño tiene unas características similares». Esta exigencia «la vamos a marcar como una obligación del Gobierno inaplazable e inapelable», por lo que ha solicitado al delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, que interceda en la respuesta del Ejecutivo central, ya que de momento «no sabemos nada». Clemente subrayó que desde la Junta se está trabajando en la mejora de la indemnización con respecto a la orden del 4 de julio, «acercándola al precio real de mercado del cereal, incrementando el mayor volumen de producción posible», además de «fijar una franquicia en el treinta por ciento de la producción y una valoración por parcela y no por explotación». Asimismo destacó que están trabajando «para acercarnos el precio al real calculando sobre los tres últimos años y no sobre los últimos cinco que es la exigencia comunitaria para cualquier indemnización», por lo que es necesario «la autorización de Bruselas». Las actuaciones combinadas que para Clemente pueden tener eficacia son las que ya se están llevando a cabo, «la lucha mecánica y química», junto con la quema de rastrojos controlada, que en este momento las consejerías de Agricultura y Medio Ambiente preparan un «programa para la próximas semanas para garantizar su ejecución». Ahora, destacó Clemente, «hay ya cuarenta actuaciones decididas con un calendario concreto hasta el 16 de agosto, que van a permitir la salvaguarda del regadío y del viñedo, que es nuestro principal objetivo».