Una batalla campal anunciada

Todos estaban avisados en el poblado chabolista de la Cañada Real Galiana, donde eran visibles los carteles pegados en las fachadas de sus casas, convocando a todos los vecinos afectados, en su mayoría familias marroquíes, a defenderse del derribo y desalojo de sus viviendas ilegales: «Convocatoria. El jueves día 18 a las 08.30 horas derribo de la parcela número 40. No dejéis de acudir, la próxima puede ser la tuya». Para evitarlo resolvieron meter a todos los niños dentro de la vivienda que iba ser derribada. Algunos testigos presenciales dijeron que si no había cien dentro no había ninguno. Ante las primeras órdenes de desalojo y forcejeos de los agentes, y los gritos de los infantes y sus progenitores, el resto de los vecinos la emprendió a pedradas contra la Policía, que no dudó en emplear las porras, según los marroquíes, de forma indiscriminada. El balance son nueve detenidos, una veintena de heridos, la mayoría policías, y también cuatro vecinos, uno de ellos una mujer embarazada. «Dicen que el Gallardón tiene cuatro meses para desalojarnos» declaraba a los medios una afectada de este poblado, donde la mayoría de las mujeres, tocadas con el hiyad (velo), lloraban o mostraban su enfado: «no tenemos donde ir. Tenemos hijos pequeños. Somos honrados. Nuestros maridos trabajan en la construcción». Los enseres (muebles mantas, sábanas...) de la casa derribada -donde vivía un matrimonio joven con dos hijos pequeños- han sido colocados frente a la vivienda de Bakklei, el vecino más próximo. En el interior de su casa, de dos pisos, confortable y alicatada con baldosines de motivos arabescos, recibe asustado a Efe y asegura, al igual que todos su compatriotas, que él le compró el terreno a los españoles y que luego construyó la casa. Bakklei lleva unos diez años en España, pero algunos de sus vecinos llevan 20 y 30 años en el país. La mayoría proceden de Tánger, Larache y Casablanca. El Departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid es el responsable de solicitar la orden judicial para proceder al desalojo y derribo de estas infraviviendas y la intención es solicitarlo de todas aquellas que se han levantado dentro de los límites estrictos de la Cañada Real Galiana, por ocupación ilegal de vía pecuaria. La zona la comparten también rumanos y gitanos y las autoridades la califican de «problema muy serio» porque se ha convertido en uno de los mayores focos de delincuencia y tráfico de drogas de las afueras de Madrid capital. Gallardón ha recordado que aún espera recibir una respuesta del Gobierno regional sobre la propuesta para crear un consorcio que se ocupe conjuntamente de la Cañada Real.