Dos diputados del PP piden a Rajoy que respete la sentencia y deje atrás el 11-M

El diputado del PP en el Congreso Jesús López-Medel y la diputada popular en el Parlament de Cataluña Montserrat Nebrera han pedido a su partido que cierre la puerta que les une al «pasado», en alusión a los atentados del 11-M, y que acate la sentencia que dictó la Audiencia Nacional. En sendos artículos de opinión en El Periódico de Cataluña, ambos diputados populares sugieren al líder del PP, Mariano Rajoy, que respete la decisión del tribunal del 11-M y que mire hacia el futuro con el objetivo de ganar las próximas elecciones generales. López-Medel, diputado popular por Madrid, insta a su partido a respetar la decisión del tribunal «sin abrir dudas inconsistentes, si verdaderamente respetamos el Estado de derecho», y ha reprochado que algunos miembros de su partido intentasen «alentar la opinión de una teoría conspirativa digna de película de ficción». Según López-Medel, la sentencia de la Audiencia Nacional es «tan extensa y concluyente que no quedan márgenes para seguir alentando una especulación inconsistente». «Es momento de mirar al futuro y aplicar (salvo a los criminales condenados) lo que -el presidente de la Segunda República- Manuel Azaña imploraba en España: paz, piedad y perdón», sentencia el diputado popular. Asimismo Nebrera sugiere a Rajoy que «la puerta que nos une con algún pasado debe cerrarse», en alusión al 11-M, y, en este sentido, plantea «¿no hemos dicho eso de la memoria histórica?» La diputada del PP catalán pide a Mariano Rajoy que «suelte el lastre y abrace definitivamente la sociedad abierta que delegará en ti su poder». Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha declarado a este mismo periódico que el debate sobre la autoría intelectual de los atentados terroristas de los trenes es «falso y absurdo». Garzón cree que «la sentencia ha dejado claro que la banda terrorista ETA no tuvo ninguna relación con la matanza y mantener esta tesis solo beneficia a aquellos que quieren seguir desacreditando a la justicia y a las instituciones». Siguen insistiendo El coordinador del programa electoral del PP, Juan Costa, negó ayer que existan discrepancias en su partido por la sentencia del 11-M, y ha insistido en que los españoles tienen «el derecho a que se siga investigando para conseguir el total y absoluto esclarecimiento de los hechos». En rueda de prensa, tanto Costa como el presidente del PP catalán, Daniel Sirera, han cerrado filas en torno a la valoración que hizo de la sentencia el presidente del PP, Mariano Rajoy, después de que dos diputados del PP hayan pedido al líder popular que cierre la puerta que les une al pasado. Costa ha sido especialmente crítico con el PSOE, partido en relación con el cual ha dicho que le parece «una absoluta falta de responsabilidad política, de una gravedad extraordinaria, querer abrir una estrategia de confrontación a partir de la utilización política de una sentencia» El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, pidió ayer todas las administraciones y «poderes políticos» el «máximo respeto» para el trabajo que ha realizado la justicia en relación con los atentados del 11 de marzo. A su juicio, en una sociedad democrática y en un Estado de Derecho «las sentencias las dictan y las hacen ejecutar los tribunales de Justicia» y «los poderes administrativos, y en este caso también los poderes políticos», lo que tienen que hacer «es, no solamente tener la obligación legal de acatarlas, sino además el máximo respeto al trabajo que ha sido realizado por los jueces». En rueda de prensa tras la reunión semanal de su Gobierno, el alcalde de Madrid ha declarado: «lo que tenemos que hacer todos en un Estado de Derecho es cada uno asumir y respetar las responsabilidades de cada uno de los distintos poderes del Estado». El Gobierno no sólo no desvinculará el atentado del 11-M de la guerra de Irak sino que está dispuesto a defender que son muchos los indicios que los relacionan. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, entró con ímpetu al debate abierto por el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, una vez conocida la sentencia de la Audiencia Nacional. Y, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, lanzó una advertencia:»Si yo fuera ellos huiría de este tema como la peste». A su juicio, al menos tres elementos desmienten a los populares: «alguna» referencia al país árabe en el fallo del tribunal, los informes de los servicios de inteligencia y las Fuerzas de Seguridad, e incluso, apuntó, «el sentido común». «Los españoles tienen derecho a que se siga investigando para conseguir el total y absoluto esclarecimiento de los hechos» JUAN COSTA Coordinador del programa electoral del Partido Popular Dos días después de conocerse la sentencia por los atentados del 11-M, el PP decidió abandonar el debate político sobre todo lo que ha rodeado el ataque terrorista, el proceso y la resolución judicial. Después de que Mariano Rajoy anunciara el apoyo a futuras investigaciones sobre el caso juzgado y tras las críticas de Eduardo Zaplana al PSOE, el partido opositor da un giro a su posición y acuerda orillar el asunto para centrarse en su oferta electoral y las críticas a la gestión del Gobierno socialista. Con su silencio, el número dos del PP, Ángel Acebes, puso de manifiesto este cambio y excluyó el 11-M de su discurso de apertura de las jornadas de debate para el programa electoral, que se celebran este viernes y sábado en Barcelona. No mencionó ni los atentados ni la polémica y mucho menos la sentencia. Pero aludió implícitamente al reciente enfrentamiento revivido entre populares y socialistas a causa de la distinta interpretación que ambos partidos han hecho del fallo judicial. «El único argumento de Zapatero es y será el insulto al PP», dijo Acebes. «Mientras ellos insultan, nosotros seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer: ocuparnos de la gente, de las familias, de sus necesidades y de los problemas reales», añadió y dedicó el resto de su intervención a descalificar la labor del Gobierno, con fuertes críticas a la gestión de la crisis provocada en Cataluña por las obras del AVE. Como prueba de esta línea estratégica, el número dos del partido opositor señaló las sesiones de trabajo del comité de dirección -ampliado en el órgano asesor del programa electoral-, que se celebran en la capital catalana bajo la dirección de Juan Costa. Acabar con la polémica Fuentes de la dirección popular confirman que Rajoy no tiene intención de seguir con la polémica del 11-M y prefiere dedicarse a la campaña electoral. «Hay que ocuparse de la gente, de su futuro, sus hipotecas, los precios que han subido...», comentó un portavoz oficial, pero explicó que el 11-M no será un tabú en el debate político. «Si nos insultan no nos arrugaremos y lo denunciaremos, y si nos preguntan responderemos», añadió, «pero no estamos en eso». De momento, el grupo parlamentario del Congreso -el más activo en este terreno- no presentará iniciativa alguna sobre asuntos colaterales o relacionados con la matanza de 2004 y la sentencia. Un tecnicismo legal propició ayer que los tres principales condenados por la masacre del 11-M vieran rebajadas su penas en algo más de cinco años de cárcel. Sin embargo, la medida, anunciada por el tribunal en un auto aclaratorio de la sentencia, no tiene repercusión práctica porque tanto Jamal Zougam y Othmán el Gnaoui -los autores materiales- como José Emilio Suárez Trashorras -el cooperador necesario que proporcionó la dinamita- siguen obligados a pasar 40 años en la cárcel, el máximo que permite la ley penal española. El tribunal aclara en su auto que, por error, señaló en el fallo de la sentencia que los tres eran condenados a 20 años de cárcel por cada uno de los homicidios en grado de tentativa atribuidos a la célula yihadista, tantos como personas resultaron heridas en los ataques terroristas de 2004. Sin embargo, explican los jueces, lo correcto es que, por cada uno de estos delitos, sean condenados a 20 años menos un día, que es la pena máxima establecida en el Código Penal para el homicidio terrorista frustrado. La modificación del fallo reduce la condena de Zougam y El Gnaoui en cinco años y un mes de cárcel (1.856 días), ya que la voladura de los cuatro trenes de cercanías provocó ese número de heridos (homicidios frustrados). El ajuste hace que la pena de Zougam pase de 42.922 años de cárcel a 42.917 y 31 días y que la condena de El Gnaoui se reduzca de 42.924 años de prisión a 42.919 y 31 días. En el caso de Suárez Trashorras, la reducción es ligeramente superior porque además de los 1.856 homicidios frustrados de Atocha, El Pozo del Tío Raimundo, Santa Eugenia y la calle Téllez se le condena -como suministrador de los explosivos- por los 34 heridos provocados en la inmolación del núcleo del comando en Leganés. En definitiva, su pena pasa de 34.715 años y seis meses de cárcel a 34.710 y dos meses. La modificación técnica de las penas se conoció al tiempo que Instituciones Penitenciarias confirmaba que diez de los catorce miembros o colaboradores de la célula terrorista condenados han iniciado una huelga de hambre para protestar por una sentencia que consideran injusta y desproporcionada. El ayuno voluntario, iniciado a lo largo del jueves pasado, afecta a reclusos distribuidos en cuatro prisiones distintas. En la cárcel alicantina de Villena rechazan la comida los autores materiales Zougam y El Gnaoui, el jefe terrorista Hassan el Haski y los miembros de la célula Youssef Belhadj, Fouad el Morabit, y Mohannad Almallah. El resto de los huelguistas, todos en cárceles de la Comunidad de Madrid, son los terroristas Rachid Aglif, Basel Ghalyoun, Larbi ben Sellam, y Abdelmajib Bouchar.