La Fiscalía recurre la absolución del Egipcio en el fallo del juicio del 11-M

La Fiscalía ha decidido mover ficha. De momento ha anunciado que va a recurrir ante el Tribunal Supremo el aspecto más polémico de la sentencia del 11-M: la absolución de Rabei Osman El Sayed, Mohamed el Egipcio por pertenencia a banda armada. El recurso solo se refiere a este delito y no al de inductor o autor intelectual de la matanza que le había atribuido la propia Fiscalía, que en total pedía 38.962 años para este terrorista. Los tres magistrados que compusieron el tribunal consideraron probado que el Egipcio pertenecía a la célula yihadista que perpetró la matanza, pero que al haber sido condenado ya el 6 de noviembre del 2006 en Milán por un delito equivalente no podía serlo de nuevo. Sin embargo, la Fiscalía estima que sí es posible, porque la sentencia dictada en Italia aún no es firme. El fallo judicial del 11-M aplica la excepción de cosa juzgada establecida en el principio jurídico non bis in idem, «que impide castigar doblemente por un mismo delito, de modo que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido condenado o absuelto en virtud de sentencia firme». A continuación, añade que «no se puede seguir otro procedimiento sobre el mismo hecho y respecto de la misma persona fue resuelto con anterioridad por sentencia firme o auto de sobreseimiento también firme». Es decir, en dos ocasiones asegura que debe haber una sentencia firme, que en el caso del Egipcio no existe, ya que la que se le impuso en Italia puede ser recurrida -y va a serlo, según ha anunciado su abogado, Endika Zulueta- ante el Tribunal Supremo de Casación. Sin embargo, fuentes del tribunal del 11-M mantienen que no hace falta que la sentencia sea firme para que se aplique el principio non bis in idem . Lo que está prohibido es juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos, haya sido condenada o absuelta, insisten. El ministerio público considera también que el Egipcio puede ser condenado dos veces por pertenecer a dos organizaciones o células yihadistas distintas, la que le costó los ocho años de condena en Italia y la que atentó en Madrid, de la que según la sentencia formaba parte sin ninguna duda. La Fiscalía sólo va a presentar este recurso por ahora, pero no descarta que en el futuro haya más contra otras absoluciones o contra la rebaja de penas a otros acusados respecto a lo que solicitaba en su acusación. Indemnizaciones El Gobierno adelantará a las víctimas del 11-M que atraviesen por una situación de precariedad la indemnización que, de acuerdo con la sentencia dictada el pasado 31 de octubre por la Audiencia Nacional, les corresponde como damnificados del mayor atentado terrorista de la historia de España. El auto no es aún firme. Está previsto que tanto las defensas de los condenados como las acusaciones y la fiscalía lo recurran a partir de la semana próxima; pero el ministro del Interior anunció ayer que el Estado asumirá ya parte del pago. Cuenta con que el Tribunal Supremo ratifique las cantidades preestablecidas y con que los penados se declaren insolventes para hacerles frente. Rubalcaba -que compareció ante la comisión de Interior para dar cuenta del cumplimiento de las recomendaciones que tras nueve meses de debate realizó la comisión de investigación parlamentaria- se refirió a este adelanto como «ayudas extraordinarias». Irán dirigidas a un colectivo muy concreto de personas que aún deben hacer frente a gastos médicos excesivamente elevados para su economía o a las que la matanza dejó radicalmente depauperadas y sin posibilidad de recuperación. El fallo del tribunal condenó a los autores vivos de la masacre, Jamal Zougam, Otman El Gnaoui y José Emilio Suárez Trashorras, a resarcir a los familiares de los 191 fallecidos y 1.856 heridos (más el GEO muerto en Leganés, Francisco Javier Torronteras) con una cantidad que superaría los 300 millones de euros. Al margen de la sentencia, Interior ha hecho ya frente al pago de las cuantías establecidas por la ley de víctimas del terrorismo. Pero, en el mejor de los casos, éstas llegan a la mitad de lo fijado por la Justicia. De momento, el Estado ha desembolsado 65 millones de euros. La diferencia se abonará tras la resolución del Supremo, salvo en los supuestos mencionados hoy por Rubalcaba, para los que, según dijo, no habrá limitación presupuestaria alguna. El titular de Interior detalló también de forma prolija otras medidas de atención a las víctimas realizadas durante los últimos tres años. Aseguró así que las subvenciones a las asociaciones de afectados se incrementaron de 2004 a 2007 en un 730%, de 84.000 euros a 620.000.