El Gobierno y el PP se resisten a aparcar la polémica

No hubo forma de sellar el pacto de no agresión. Las direcciones del PSOE y el PP habían acordado, cada una por su lado, desterrar el 11-M de la contienda política; pero la comparecencia del ministro del Interior en el Congreso acabó ayer de nuevo en algo más que una escaramuza. Ambos partidos acudían a la cita, según sus propias declaraciones, con la intención de mantener las espadas en alto, aunque alertas a la más mínima provocación del contrario. Y los dos encontraron argumentos para el ataque. El PP decidió que en esta ocasión su representante debía ser de segundo nivel y encomendó la tarea al secretario general del grupo, Jorge Fernández. El diputado reconoció, al iniciar su discurso, el tono sereno y «técnico» empleado por el ministro en su intervención primera. Pero le acusó de servirse de los «socios» del Gobierno -IU, ERC y en cierta medida PNV- para hacer el «trabajo sucio» de embestir contra su partido. Rubalcaba había cerrado su turno con una llamada a todos para que no planteen «recurso» contra la verdad establecida en la sentencia, den por cerrado el debate y miren hacia adelante. Fue, en un primer momento, su único comentario político. Los portavoces de los grupos minoritarios, sin embargo, no dejaron pasar la ocasión de subrayar que el fallo pone en entredicho la estrategia opositora del PP respecto a la investigación de la masacre. A este clavo se agarró Fernández para asegurar que los antecedentes permiten dudar de la buena fe de los socialistas. Acusó a Rubalcaba de utilizar electoralmente el atentado entre el 11 y el 14 de marzo para ganar las elecciones, de actuar con deslealtad contra el Gobierno de Aznar y de tergiversar las palabras de Rajoy cuando señaló, tras conocer la sentencia, que su partido apoyaría cualquier nueva investigación. «Nosotros acatamos y respetamos absolutamente la sentencia», dijo.