Diario de León

El tribunal le acusa de malversación de caudales públicos

Condenan a Vera por pagar 1,4 millones a Amedo y Domínguez El arzobispo Cañizares anima a rezar por el Rey y dice que cobra menos de mil euros al mes La Guardia Civil tendrá por primera vez dos aviones para luchar contra la inmigración clandestina

La Audiencia le impone 18 meses de cárcel por intentar taparles la boca sobre el GAL

Rafael Vera  lee la sentencia que le ha condenado a un año y seis meses

Rafael Vera lee la sentencia que le ha condenado a un año y seis meses

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Alfonso Torices J. V. Muñoz-Lacuna - madrid toledo agencias | madrid
León

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La Audiencia Provincial de Madrid condenó ayer a 18 meses de cárcel al ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera por pagar más de 1,4 millones de euros a los policías José Amedo y Michel Domínguez para que mantuviesen la boca cerrada y no le implicasen, ni tampoco a sus colaboradores, en los crímenes de los GAL. El tribunal impone a Vera y a su secretario Juan de Justo año y medio de cárcel como autores de un delito continuado de malversación de caudales públicos porque considera que, a sabiendas de que realizaban un desvío ilegal de dinero, sacaron 230 millones de pesetas entre 1988 y 1994 de la cuenta de fondos reservados que el Ministerio tenía en el Banco de España para efectuar los pagos. «En estos momentos hemos de rezar por los Reyes por muchísimos motivos, más allá incluso de las circunstancias concretas en las que nos encontremos», añadió Cañizares durante una comparecencia pública para presentar la Memoria Económica de la Diócesis de Toledo correspondiente a al 2006. En torno al incidente protagonizado por el monarca y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el cardenal indicó que «uno siente mucho gozo cuando el Rey, un Jefe de Estado, defiende a la nación». Según Cañizares, el monarca le ha hecho sentir «gozo y agradecimiento» al defender y apoyar al pueblo español «como siempre lo ha hecho» y resulta llamativo que apenas se hable «del sufrimiento y la falta de libertad en Venezuela». Reconoció que le causaba «mucho dolor» ver al arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, sentado en el banquillo acusado de varios delitos de calumnias, injurias, coacciones, lesiones psicológicas y contra la integridad moral de un sacerdote. El vicepresidente de la Conferencia Episcopal pide a los contribuyentes que marquen la casilla de la Iglesia católica en su declaración de la renta. Reveló a preguntas de los periodistas que no puede considerarse «mileurista» porque su sueldo mensual es de 900 euros. «La Iglesia siempre ha sabido vivir en la escasez y en la austeridad y creo que eso la caracteriza de una manera muy neta», declaró el arzobispo, que descartó pedir un aumento de sueldo a pesar del incremento del IPC. Aunque Cañizares no es «mileurista», tampoco tiene que pagar hipotecas o alquileres porque reside en el Palacio Arzobispal -edificio del siglo XVIII- y tampoco tiene gastos de coche porque el vehículo en el que se desplaza pertenece al Arzobispado. La Guardia Civil tendrá por primera vez en su historia dos aviones en dotación, que se destinarán a vigilar las costas canarias, andaluzas y africanas para lucha contra la inmigración clandestina. El Consejo de Ministros aprobó ayer la compra de los dos aparatos al consorcio europeo EADS-Casa por valor de 50 millones de euros (30 millones a cargo de los presupuestos de la Secretaría de Estado para la Seguridad de este año, diez millones en el 2008 y otros diez millones en 2009). Según informó la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, las aeronaves, con una autonomía de diez horas de vuelo, serán modelos CN-235. Se trata de un aparato, que en su versión modificada (la CN-235 Persuader) ha sido elegido por la Guardia Costera de Estados Unidos para renovar su flota. Aumentan los legalizados Casi un millón de inmigrantes (946.679 personas) han legalizado su situación en España entre septiembre del 2006 y septiembre del 2007. Es el mayor crecimiento de la colonia extranjera habido hasta ahora a pesar de que no ha habido ningún proceso extraordinario de regularización. En tan sólo un año, el colectivo legal se ha elevado en un 33,8%, lo que sitúa el número total de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor en 3.740.956 personas, según las últimas estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo. Tras el fuerte incremento del último año, la población foránea es ya el 8,4% de los 44 millones de habitantes de España. El aumento de extranjeros legales ha sido especialmente significativo en el tercer trimestre de 2007 (junio-septiembre), cuando consiguieron la residencia 204.609 personas, un aumento del 5,79% en apenas tres meses. Las últimas cifras del Ejecutivo apuntan a que casi dos de cada tres extranjeros residentes legales están incluidos en el denominado régimen general, al tratarse de ciudadanos procedentes de fuera de la Unión Europea. Así, España cuenta ya con 2.296.888 extracomunitarios legales (el 61,4% del total), frente a las 1.444.068 personas (el 38,6% de la colonia extranjera) inscritas en el régimen comunitario. El notable incremento de las tarjetas de residencia no ha cambiado significativamente la radiografía de la inmigración legal en España: poco más de un tercio de los residentes son comunitarios, el 31,3% proceden de Iberoamérica, dos de cada diez legales vienen de África, el 6% son asiáticos, casi el 3 por ciento llegan de la Europa no comunitaria, el 0,5% son norteamericanos y sólo el 0,05% de países de Oceanía. A estas cifras hay que sumar 1.096 extranjeros legales que son oficialmente apátridas. Según nacionalidad, el colectivo mayoritario es el marroquí (625.123 personas), seguido del rumano (505.670) y del ecuatoriano (387.047). A continuación se sitúan los colombianos (246.542 ciudadanos), británicos (192.688), italianos (118.354), chinos (113.922) y búlgaros (113.792). La suma de estas ocho nacionalidades supone más de 61 por ciento de los inmigrantes legales residentes en España.

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