La Audiencia Nacional archiva el caso del accidente del Yak-42

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha dado un carpetazo a la esperanza que tenían las familias de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42 de que la justicia señalase culpables y depurase responsabilidades por el mayor drama vivido por las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz. Grande-Marlaska archivó ayer la causa penal seguida en la Audiencia Nacional contra un general, un comandante y un capitán que en mayo del 2003, por orden del Ministerio de Defensa, se desplazaron a Trabzon (Turquía) para identificar y realizar las autopsias a las 62 víctimas que retornaban de una misión en Afganistán. El juez entiende que su actuación «imprudente» provocó múltiples equivocaciones en las identificación de las víctimas y mucho dolor a sus familias, pero que no incurrieron en delito alguno, ni siquiera el de falsedad documental continuada del que les acusan la Fiscalía y los abogados de las familias. La fiscalía y las familias ya han anunciado que recurrirán la decisión. Este trabajo chapucero de la misión militar, que el juez define como «ajeno a la mínima seriedad», terminó con el enterramiento equivocado de 30 de los 62 cadáveres, a los que los tres oficiales asignaron en los certificados de defunción y necropsias nombres y apellidos de forma aleatoria, sin disponer para ello del más mínimo dato. Las enormes prisas por repatriar a España los féretros, con un Gobierno en crisis por la contestación popular a la guerra de Irak, desaconsejaron recurrir a métodos certeros y científicos, aunque lentos, como los análisis de ADN de los restos mortales. Imprudencia Grande-Marlaska reconoce que esta «imprudencia» de los militares provocó meses después «daños morales» a las familias -exhumaciones, intercambio de féretros, incineraciones no deseadas, etc.-, pero que su comportamiento no tiene consecuencia penal alguna porque los errores en los certificados son legalmente «inocuos», así como «intrascendentes» para la función de los documentos, que no era otra que establecer la causa, fecha y lugar de las muertes. El archivo de estas diligencias penales cierra, al menos por ahora, el último de los tres frentes judiciales que depuraba responsabilidades por el siniestro y que las familias y la Fiscalía mantenían abiertos hasta hace sólo tres meses. El propio Grande-Marlaska archivó en agosto pasado la otra causa penal que se seguía para determinar si el Estado tenía responsabilidad en la contratación del vuelo y en su control, al tiempo que eximió a los entonces gobernantes de la comisión de cualquier delito. El tercero de los pleitos entró en crisis el mes pasado, cuando la Audiencia Provincial de Zaragoza anuló, por un defecto de procedimiento, la sentencia del juzgado de la capital aragonesa que, en febrero del 2006, había condenado a las compañías contratista, propietaria y aseguradora del avión siniestrado a indemnizar a los herederos de los militares muertos con 10 millones de euros. El tribunal ordenó retrotraer la causa civil a la fase de instrucción para que el juez cite de forma adecuada a la empresa contratista, Chapman Freeborn, cosa que no había ocurrido, y evitar así vulneraciones en la defensa. Esta sentencia creó gran frustración en las víctimas y enfrentó al magistrado instructor a grandes problemas de procedimiento, que dificultarán y en el mejor de los casos retrasarán un nuevo enjuiciamiento.