Una lacra favorecida por el sistema

La corrupción urbanística se extiende por España como una mancha de aceite. Un estudio de hace unos meses de la Fundación Alternativas contabilizaba casi 400 municipios en los que se denunciaron irregularidades entre el 2000 y el 2006. Desde entonces se han incrementado exponencialmente. Andalucía, la Comunidad Valenciana el País Vasco y Madrid encabezan el ránking. La tipología va desde las recalificaciones de suelos no urbanizables a urbanizables a modificaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). La prestigiosa organización no gubernamental Transparency International, la más importante en la lucha contra la corrupción en el mundo, publicó un demoledor informe a comienzos de este año. Asegura que «el ámbito donde la corrupción es más elevada en España es el del nivel local de gobierno» y añade que «la calificación de suelo urbano es el origen de los mayores casos de corrupción». Nueve guías Su autor, el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Manuel Villoria, destaca que el propio sistema español está «generando situaciones de corrupción muy numerosas». Da nueve guías para entender el problema: 1) Prácticamente todos los alcaldes están a favor de convenios urbanísticos como forma de conseguir ingresos; 2) La modificación de los planes es frecuente, sólo en Mallorca los municipios los han cambiado 227 veces en los cuatro últimos años; 3) La vigilancia sobre construcciones ilegales y desviaciones del proyecto es poco intensa; 4) Las sanciones suelen consistir en multas y casi nunca en demoliciones; 5) En España hay una enorme cantidad de dinero negro, que se refugia naturalmente en la construcción; 6) Se ha permitido el acaparamiento de suelo en manos privadas para generar su aparente escasez y la consiguiente subida de precios; 7) Se ha expropiado a particulares para ceder posteriormente a empresas con fines sociales las cuales, con el sueño en su poder, lo han vendido después a precios astronómicos; 8) Se ha extendido la creación, por parte de constructores, de partidos ficticios que se presentan a las elecciones para conseguir la concejalía de Urbanismo y desde ella tomar decisiones que les favorezcan, en otras se infiltran en los partidos tradicionales para conseguir esos mismos objetivos; y 9) La corrupción urbanística se expande y no respeta institución alguna. «Si se puede hablar de corrupción generalizada, no es en el PP, bajo ningún concepto» EDUARDO ZAPLANA Portavoz del PP