Diario de León

Garzón mantiene que los locales son del partido ilegalizado y que se usaron para financiar a ETA

El Supremo no ve vínculos entre las «herriko tabernas» y Batasuna

Los magistrados avisan que hay que recurrir a los tribunales ordinarios para seguir el proceso

El Rey Juan Carlos y Nicolas Sarkozy se despiden con un abrazo

El Rey Juan Carlos y Nicolas Sarkozy se despiden con un abrazo

Publicado por
Alfonso Torices - madrid
León

Creado:

Actualizado:

El Tribunal Supremo, tras casi cuatro años de trabajo y discusiones, reconoció ayer que no puede embargar y liquidar las más de un centenar de herriko tabernas que hay en el País Vasco y Navarra porque no tiene pruebas suficientes para demostrar que son propiedad de Batasuna. Los 16 magistrados de la Sala Especial del Supremo, ante la constancia de la falta de pruebas, acordaron por unanimidad «la improcedencia de decretar en este momento el embargo» y dictaron una especie de archivo provisional del asunto. La decisión se tomó en el marco del proceso de liquidación de todas las propiedades de Batasuna que este mismo tribunal ordenó el 27 de marzo de 2003 en la sentencia que declaró la ilegalización de la formación independentista por ser el «frente institucional» de ETA. La resolución pone punto final a más de un año de reuniones y diligencias del Supremo, que comenzaron cuando en octubre del 2006 la mayoría de los magistrados de la Sala Especial dieron por buenas las conclusiones del informe del equipo de liquidadores de Batasuna, compuesto por tres inspectores de Hacienda, que ahora han quedado en papel mojado. El documento de los peritos concluyó que era «necesario» extender la liquidación de los bienes del partido ilegalizado al patrimonio de la red de herriko tabernas que, pese a ser «formalmente ostentadas por determinadas asociaciones culturales o sociedades mercantiles», en realidad «pertenecen, material y efectivamente, a la propia Batasuna». La Sala Especial comunicó ayer su decisión a la Fiscalía y la Abogacía del Estado, y les aclaró que si, pese a todo, consideran que los inmuebles citados deben ser embargados tendrán que acudir a los juzgados civiles ordinarios para probar, local por local y partido judicial por partido judicial, que los titulares del registro no son los propietarios reales sino testaferros que ocultan la propiedad de Batasuna. El juez Baltasar Garzón, que instruye esta causa desde 2002, mantiene que la red es propiedad de Batasuna, que sus ingresos y locales están al servicio de los terroristas.

tracking