El Gobierno blinda los puertos para hacer frente a planes terroristas

El Gobierno distribuyó el pasado 20 de diciembre a todas las autoridades portuarias españolas un nuevo protocolo de medidas para mejorar la protección de los puertos y del transporte marítimo. El nuevo plan antiterrorista, que actualiza los programas puestos en marcha por el Ministerio del Interior en 2005 en cumplimiento de las recomendaciones de la comisión del 11-M, deja en manos del departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba las decisiones críticas ante amenazas de gran envergadura. El plan de emergencias, coordinado por el Ministerio de Presidencia, involucra, además de a Interior, a todas las instituciones relacionadas con los puertos como la Secretaría General de Transportes del Ministerio de Fomento, Marina Mercante o las diferentes autoridades portuarias. Pero será siempre Interior el que marque las pautas según la información en su poder sobre posibles ataques. Este ministerio será el que decida en qué nivel de protección se hallará cada puerto. El protocolo fija tres niveles: 1, normal; 2, medidas de protección adicionales; y 3, ante un probable o inminente suceso que afecte a la protección marítima, aunque no sea posible determinar el blanco concreto. Las autoridades portuarias, ante el temor de un ataque inminente, podrán, por cuenta propia, elevar (nunca disminuir) el nivel de protección, aunque siempre deberán avisar de la contingencia al Ministerio del Interior. Este departamento, en el caso de un temor fundado, tendrá incluso la potestad de negar la entrada al puerto a cualquier navío bajo sospecha. Interior, cuyos funcionarios tendrán absoluta libertad de movimientos en los puertos, tomará las decisiones, pero el nuevo plan antiterrorista se alimentará en buena medida de las informaciones que generen las otras administraciones involucradas, a las que el plan encomienda un elevadísimo número de tareas. Entre ellas, la elaboración de un protocolo de evaluación de la protección portuaria. Fomento, Marina Mercante y los directores de los puertos deberán «identificar y evaluar los bienes e infraestructuras a controlar», «determinar las posibles amenazas», «seleccionar las contramedidas», «descubrir los puntos débiles, incluidos los relacionados con el factor humano», «controlar los antecedentes» de los empleados, «determinar los posibles efectos colaterales de un ataque» y fijar cuáles son las «vulnerabilidades críticas» de los puertos. En marzo de 2005, la comisión parlamentaria del 11-M en sus recomendaciones puso especial hincapié en la protección de las infraestructuras portuarias, ya que consideraba que estas instalaciones podían ser un objetivo prioritario de Al Qaeda. Sin embargo, hasta la fecha las fuerzas de seguridad solo han constatado dos intentos terroristas de atacar a un buque y ambos fueron obra de ETA. El comando Andalucía planeó introducir en el 2000 un coche bomba en un ferry que unía Valencia con Ibiza, pero el vehículo que venía de Francia se averió. Un año después, el comando Xoxua, intentó introducir otro vehículo-bomba en el transbordador que unía Santander con la ciudad británica de Plymouth.