El Gobierno, a través de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, quiere empezar el proceso para la ilegalización de las formaciones sospechosas de ser herederas de Batasuna con el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV). Si los planes ya esbozados no sufren cambios, ambos organismos pedirán su ilegalización a la Sala Especial del Tribunal Supremo esta misma semana. La razón de esta estrategia es que las pesquisas policiales sobre el PCTV están casi concluidas, mientras que la investigación sobre el otro partido sospechoso, Acción Nacionalista Vasca (ANV), se complica por momentos con el estudio de centenares y miles de movimientos bancarios y cuentas corrientes. No obstante, la Policía también cree haber descubierto la clave de los vínculos entre ANV y el frente institucional de ETA: el partido legal paga sueldos de mil euros mensuales a dirigentes de Batasuna a través de testaferros. Si la investigación en marcha puede sostener esta conclusión con suficientes pruebas, la demanda ante el Supremo contra ANV quedará registrada también antes de que termine este mes. Según informaron ayer mandos de la lucha antiterrorista, el Ministerio del Interior estará en condiciones de entregar a la Fiscalía esta semana el primero de los informes finales, el de PCTV. La investigación sobre esta formación ha sido mucho menos compleja que la de ANV. Empezó dos años antes, en primavera de 2005, cuando las siglas recibieron el apoyo de los votantes de Batasuna en las autonómicas vascas, y sólo tiene movimientos económicos sospechosos provenientes de sus siete diputados en la Cámara de Vitoria frente a las operaciones generadas por los 437 concejales de ANV repartidos en 42 ayuntamientos vascos y navarros. Delito de enaltecimiento Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz interrogará el 24 de enero a Mirian Beitialarrangoitia, la alcaldesa de ANV en Hernani (Guipúzcoa), a la que el magistrado imputa un delito de enaltecimiento del terrorismo.