El Gobierno no irá contra ANV hasta que Garzón levante el secreto sumarial Sarasola y Portu declararán el martes por el atentado de la T-4

El Gobierno no quiere prisas para instar la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca y del Partido Comunista de las Tierras Vascas. Con el calendario en la mano, hasta el 16 de febrero tiene tiempo para tomar medidas en ese sentido ya que hasta esa fecha no se producirá la proclamación de candidaturas para las elecciones generales del 9 de marzo. Por tanto, hasta que el juez Baltasar Garzón no reciba los últimos informes de las fuerzas de seguridad sobre ambos partidos y levante el secreto del sumario no habrá ningún movimiento por parte del Ejecutivo. Ninguna precipitación por razones políticas y nada de forzar la máquina contra ANV y el PCTV para que no se presenten a las elecciones. La vicepresidenta primera garantizó que el Gobierno actuará «con la ley en la mano» y no «en función de los tiempos (electorales)». Es decir que, aunque la Fiscalía General del Estado crea que ya cuenta con «base suficiente» para reclamar la ilegalización, el Ejecutivo va a respetar los procedimientos y no va a dar ningún paso hasta que el juez de la Audiencia Nacional levante el secreto del sumario y traslade todos los informes a las partes, decisiones que a su vez dependen de la recepción en el juzgado de las investigaciones policiales. En ese momento, la Abogacía del Estado tendrá acceso a los datos de las fuerzas de seguridad sobre ANV y PCTV y sus vínculos con Batasuna, y presentara la demanda de ilegalización ante el Tribunal Supremo. Fernández de la Vega confió en que el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil «no vayan a tardar mucho» en completar sus pesquisas para que Garzón pueda actuar. El juez pidió los informes el pasado 4 de octubre en el marco de la causa que abrió contra ambas formaciones. En 2005, contra el PCTV, y el año pasado, contra ANV. Fuentes de la lucha antiterrorista precisaron que la Policía prevé concluir su investigación el próximo martes. Estos documentos versan sobre las cuentas bancarias de responsables de ANV y de ayuntamientos regidos por este partido en Euskadi y Navarra, así como de las relaciones de dependencia orgánica hacia Batasuna. El informe de la Guardia Civil estará completado, con toda probabilidad, el próximo jueves y se centra sólo en los movimientos bancarios. El Ministerio del Interior, antes de trasladar estos documentos a la Audiencia Nacional, unificará la información de ambas pesquisas para evitar contradicciones y duplicidades, algo que ya ocurrió la pasada primavera, antes de las elecciones municipales del 27 de mayo. En aquella ocasión, Garzón ordenó al mando único de las fuerzas de seguridad, Joan Mesquida, que se refundieran las dos informaciones en un solo texto. De inmediato La vicepresidenta primera no quiso tras la reunión del Consejo de Ministros adentrarse en el terreno de poner fechas a las actuaciones de la Abogacía del Estado, si bien fuentes gubernamentales recordaron que hay plazo hasta el 16 de febrero, día en que las juntas electorales procederán a la proclamación oficial de las candidaturas para los comicios del 9 de marzo. Fernández de la Vega aseguró, no obstante, que, una vez que el juez tenga los informes policiales y «adopte decisiones», el Gobierno «actuará de inmediato», y autorizará a la Abogacía a presentar la demanda de ilegalización ante el Supremo. El Ejecutivo quiere evitar a toda costa las acusaciones de actuar movido por intereses electorales, imputaciones que ya ha deslizado el PP. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz interrogará el próximo martes a los etarras Martín Sarasola e Igor Portu, presuntos autores del atentado que el 30 de diciembre de 2006 voló el bloque D del aparcamiento de la Terminal 4 de Barajas y causó la muerte de los ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate. Pedraz, que investiga el atentado que marcó el final de la tregua etarra, citó este viernes a los terroristas después de que el juez de guardia de la Audiencia Nacional le remitiese testimonio de la declaración realizada por Sarasola ante la Guardia Civil, tras su detención el 6 de enero. El terrorista confesó que él, Portu y Mikel San Sebastián, uno de los dos miembros huidos del comando Elurra, condujeron el 29 de diciembre del 2006 hasta Madrid la furgoneta bomba, aparcaron en la T-4 y activaron la bomba para que estallase a la mañana siguiente. Sarasola se negó a ratificar su confesión policial en el juzgado de guardia y Portu no quiso contestar a las preguntas del juez. Colaboración periodística El juez Pedraz pidió también a todas las cadenas de televisión que le remitan las cintas de vídeo en las que tengan grabada la intervención de la alcaldesa de Hernani, Mirian Beitialarrangoitia, en el mitin celebrado el fin de semana pasado en Pamplona para presentar las candidaturas de ANV a las elecciones generales. Pedraz investiga a la alcaldesa por un delito de enaltecimiento del terrorismo por haber pedido una aplauso para Sarasola y Portu y para el resto de presos de ETA. El magistrado, para tener constancia de la calidad de terroristas de los dos reclusos alabados por Beitialarrangoitia, ha solicitado copia del comunicado en el que ETA reivindicaba el atentado de la T-4 y de los autos de prisión contra Portu y Sarasola, donde se les acusa de pertenencia a la banda armada. Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha comunicado hoy al etarra Francisco Javier García Gaztelu, Txapote , su procesamiento por el asesinato del concejal del PP José Ignacio Iruretagoyena en 1998. El ex dirigente de ETA compareció ante el responsable del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, quien le ha notificado que ha sido procesado por la muerte del concejal popular, que falleció al estallar una bomba lapa colocada en su automóvil el 9 de enero de 1998 en Zarauz (Guipúzcoa).